Para el 2022: Solidaridad de Responsabilidades

La educación 0-3 años es fundamental para luchar contra la pobreza.

La educación 0-3 años es fundamental para luchar contra la pobreza.

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Catalina Perazzo

En estos días he enviado felicitaciones navideñas en las que destaco lo que tenemos que celebrar de 2021 en relación con avances en derechos de infancia, pero también recuerdo a los destinatarios los retos que tenemos por delante. Y es que durante las últimas semanas de diciembre no pueden faltar los balances y las listas de propósitos de año nuevo.

En este año que se acaba se han aprobado varias leyes importantes para la infancia y la adolescencia. La nueva ley de educación (LOMLOE) con un enfoque de equidad educativa para que la educación sea realmente un motor frente a las desigualdades. La ley de protección frente a la violencia (LOPIVI) que después de 10 años ha reunido el consenso de muchos para colocar a España a la vanguardia mundial de protección a la infancia y la adolescencia. El IMV para, teniendo en cuenta la presencia de niños y niñas en los hogares en situación de elevada pobreza, contribuir a una sociedad más inclusiva. Además de leyes, hay otros cambios que también han tenido, y tendrán, un impacto positivo. Especialmente la reforma del Reglamento de Extranjería, que quita obstáculos al disfrute de los derechos de los jóvenes que llegaron solos a nuestro país cuando eran aún menores de edad. La estrategia nacional de salud mental, más necesaria que nunca cuando entramos al tercer año de anormalidad pandémica.

El principal desafío ahora es desarrollar esas leyes y reformas, hacerlas efectivas en todos los niveles administrativos, dotarlas de fondos y que los cambios que prevén sean una realidad. España tiene la oportunidad de implementar hasta un 10% de los fondos europeos en educación infantil, salud, educación y vivienda a través de la aclamada Garantía infantil para luchar contra la pobreza infantil entendida como barrera al acceso a derechos, implementar la LOPIVI a través de una estrategia nacional que le dé eficacia, desarrollar un esperado Plan de lucha contra la Segregación escolar o aprobar una reforma fiscal que apueste por un sistema progresivo que apoye la crianza.

Y, sin duda, hacerlo juntos todos aquellos que tenemos parte de responsabilidad en que los derechos de niños y niñas sean plenamente respetados. El reto es la solidaridad de responsabilidades, salir de nuestros silos para, poniendo al niño en el centro, escuchándole y teniéndole en cuenta, ser creativas y encontrar respuestas a medio camino entre las competencias de unas y otras.

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No podemos aislar “las cosas de niños”, los derechos de la infancia y la adolescencia son transversales en la sociedad, no se circunscriben ni a una materia ni a una institución. En todas las decisiones que se toman en la sociedad ya sean sobre economía, impuestos, sanidad, educación o alcantarillado, como ciudadanos sujetos de derechos, las políticas que las regulan deben tenerles en cuenta. Y no sólo eso. La Convención de Derechos del Niño establece que en cualquier decisión que afecte a alguna de las esferas de su vida debe primar su interés superior. Pero para considerar realmente todas las opciones posibles, el impacto que cada una tendría en los derechos de la infancia y la adolescencia, y así elegir la más adecuada, no podemos dejar que esa evaluación se haga de manera unilateral por quien tiene la competencia en un aspecto concreto y específico y sin tener en cuenta nada más.

El 2022 tiene que ser un año en el que entes locales, comunidades autónomas, Estado y sociedad civil demostremos que haremos lo que haga falta para que hasta el último niño, la última niña, puedan ejercer sus derechos sin importar de dónde vengan.