El juez impone una fianza de 23 millones por la implantación de prótesis defectuosas

El juez de Reus que investiga el 'caso Innova' de presunta corrupción ha impuesto una fianza civil de 23 millones de euros cubrir las eventuales indemnizaciones de 48 afectados por la colocación de las prótesis médicas caducadas y defectuosas de la marca Traiber. El hospital de Sant Joan de Reus concentra a 36 de esos pacientes, mientras el resto se reparten por Catalunya, aunque hay un caso en Aragón (Clínica Montpellier de Zaragoza). El togado ofrece 15 días para depositar esa cantidad, aunque su decisión puede ser recurrida, como posiblemente ocurrirá.

De los 23 millones de euros deben responder tres directivos de la empresa Traiber y los nueve médicos que presuntamente cobraros comisiones ilegales por implantar estas prótesis , pero también la Agencia Española del Medicamento. El CatSalut, el Institut Català de la Salut (ICS) y la aseguradora Zurich responderán por 22,5 millones de euros (los perjudicados en Catalunya). En el listado de responsables civiles también figuran con otras sumas económicas hasta siete hospitales, el Ayuntamiento de Reus y el Grupo Sagessa de asistencia sanitaria. En el supuesto que una entidad ponga toda la fianza, el resto no tendrá que hacerlo.

Los médicos imputados

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El juez investiga si estos siete médicos cobraron presuntas comisiones ilegales "e incluso algunos de ellos participaron de las presiones a los órganos de contratación para que se colocasen las prótesis de Traiber de manera indebida", según el auto. Al principio de la investigación, el juzgado imputó a más de 50 médicos, todos los que aparecían en la documentación incautada, pero 40 fueron exculpados y siete siguen imputados. En unos de los registros se intervinieron un importante número de prótesis en "desuso". Un informe posterior desveló que esa empresa vendía "implantes de polietileno", sobre todo de cadera y rodilla, caducados.

El magistrado resalta en su resolución que ni la Agencia Española del Medicamento, ni la Generalitat habían inspeccionado "nunca" la empresa. "Hay que investigar si, en este caso, los poderes públicos dejaron desamparados a todos aquellos pacientes que recibieron una prótesis en mal estado", precisa el juez, a la vez que recuerda que las prótesis no se colocaban en un "chiringuito" o un "sótano a escondidas", sino en hospitales como en de Sant Joan de Reus.