La pobreza severa en Catalunya se duplica desde 2009

"No es una cuestión de etapas o momentos de crisis excepcionales, sino un problema de carácter estructural. La pobreza y la vulnerabilidad están cronificadas". Con esta contundente frase el decimotercero informe INSOCAT, elaborado por la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social y que se ha presentado este lunes en rueda de prensa, plantea la situación de la pobreza, y el supuesto crecimiento económico tras el estallido de la pandemia. La conclusión de este informe, tras analizar los alarmantes datos de pobreza publicados hace medio año, es que la sociedad y la clase gobernante han aceptado que no se cumplan los derechos humanos. Porque afirman, no se piden ni aplican políticas valientes contra la exclusión.

Según los datos del Institut Català d'Estadística, uno de cada cuatro catalanes es pobre. Es decir, dos millones de personas. Pero la tendencia ha ido al alza a lo largo de los últimos diez años. La más alarmante es la privación material severa, la pobreza extrema, que se mide por no superar los ingresos de 400 euros al mes. En 2009 3,2% de catalanes vivían en esta realidad de exclusión. En 2020 son ya 6,2%, aunque en 2012 se llegó al máximo del 7%. También se duplicaron los hogares con "baja intensidad de trabajo", pasando del 5,6% en 2009 hasta prácticamente el 10% en 2020. Unos datos "preocupantes", según Ferran Busquets, vocal de pobreza de ECAS, que ha presentado las cifras.

Los datos indican que son las mujeres las más perjudicadas por el efecto covid-19, con un riesgo de pobreza o exclusión social en el 4 % frente al 1,6 % de los hombres, cuando en 2015 la proporción era similar para hombres y mujeres. La jefa del programa Necesidades básicas de Cáritas Barcelona, Mercè Darnell, que ha participado también en la presentación, ha destacado que ser extranjero "se convierte en sinónimo de riesgo de pobreza o exclusión" y si en 2015 el riesgo era del 52 %, ahora es del 61,6 % entre los que no tienen nacionalidad española, con un incremento del 8 % en el último año, "lo que demuestra que son los principales damnificados por la crisis".

Según las entidades sociales, las entidades sociales reclaman la implementación de la Renta Básica Universal, la expansión de la Renta Garantizada de Ciudadanía a más colectivos y personas, o garantizar el empadronamiento a todas las personas que viven en Catalunya.