La defensa de la excúpula del ACA juzgada por malversación intenta excluir pruebas clave

La defensa de la excúpula de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) acusada de presunta malversación de fondos públicos por la adjudicación en el 2008 a dedo de informes de consultoría requirió este martes al tribunal que la juzga en la Audiencia de Barcelona que excluya del proceso pruebas clave que sustentan la investigación, como correos electrónicos, documentación remitida por el juzgado de El Vendrell que inició el 'caso 3%', actas de la entidad, entre otros documentos. Los abogados también instaron la nulidad de las actuaciones por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y por otras cuestiones, como la inconcreción de las acusaciones. El tribunal resolverá estas cuestiones en sentencia.

El fiscal, que se opuso a todas las demandas de los letrados, solicita en su escrito de acusación seis años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos contra cuatro exaltos cargos y técnicos de la Agència Catalana del Aigua (ACA), entre ellos el que era su director Manuel Hernández, por la presunta adjudicación a dedo en el 2008, durante la época del gobierno tripartito, de informes de consultoría. En la trama están implicados dos empresarios, para los que se les reclama la misma pena. Uno de ellos es Joan Lluís Quer, administrador de Auding y que antes había sido gerente de la ACA (2000-2004) y, posteriormente, durante el ejecutivo de Artur Mas (CiU), ocupó la presidencia de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat.

Beneficio ilícito

La fiscalía sostiene que los acusados actuaron "con un plan preconcebido" con "la evidente intención de procurarse un ilícito beneficio económico", favoreciendo a "sus intereses privados". Los hechos se remontan a septiembre del 2007, cuando la ACA, que dependía entonces de la Conselleria de Medi Ambient (dirigida por Francesc Baltasar, de ICV), tramitó por concurso abierto un contrato de consultoría para la redacción del plan de gestión de la cuenca fluvial en Catalunya. Antes de la publicación de esta licitación, según la acusación, altos cargos de la agencia se reunieron de “manera reservada” con los empresarios investigados.

Al final, el contrato por 3,75 millones fue adjudicado en enero del 2008 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) DMA-Gestió, una agrupación de consultorías de ingeniería representadas por Quer. La acusación sostiene que el director del ACA, Manuel Hernández, lo firmó de forma “arbitraria”. En ese contrato se especificaba que quedaba abierto a otros presupuestos complementarios, lo que de hecho permitía que el adjudicatario escogiera ofrecerlos a otras empresas. Y eso pasó. Los imputados "constituyeron un artificio formal para enmascarar un beneficio ilícito” en favor de la UTE, según la fiscalía, y la ACA formalizó 38 contratos por trabajos adicionales por 3,9 millones de euros. Menos tres de ellos, el resto superan los 18.000 euros, límite para la adjudicación directa.