Caso Serveis Socials: Dimite el gerente del consorcio tras detectarse irregularidades

El gerente del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Joan Uribe, ha dimitido de su cargo. Ha estado al frente de la entidad de asistencia social hasta la semana pasada, aunque, según fuentes oficiales, comunicó su decisión el pasado 22 de octubre, tras la publicación en EL PERIÓDICO de la existencia de contrataciones irregulares de 20 millones de euros en un solo año, sobresueldos a determinados empleados y desbarajustes contables, según ha podido confirmar este diario. Las anomalías fueron detectadas entre los años 2014 y 2019 por la Sindicatura de Comptes y la Intervenció General de la Generalitat. En mayo de 2017 fue cuando Uribe recibió el primer informe demoledor. “Me encontré con una administración con debilidades y con un equipo con ganas de tirar adelante”, admitió.

Fuentes de la Conselleria de Dret Socials confirmaron a este diario el cese de Uribe al frente del consorcio. Comunicó su determinación el 22 de octubre, diez días después que se destaparan las graves irregularidades que se habían cometido en la entidad, sobre todo, en la época de su sucesor, Josep Pera (CiU), en el 2014 y 2015. Las mismas fuentes argumentaron que el hasta ahora gerente del consorcio había tomado esa decisión en verano y que se “enmarca” en “motivos personales” y “en una cuestión meditada durante largo tiempo como consecuencia del desgaste personal vinculada a la gestión de la pandemia”.

Denuncia ante Antifrau

De la gerencia se ha hecho cargo provisionalmente de las riendas del consorcio el jefe de recursos humanos, según fuentes sindicales. La Conselleria de Drets Socials abrirá ahora un proceso de selección para cubrir la vacante, “garantizando la trasparencia y la concurrencia”, precisaron desde la Generalitat. Uribe, según algunas fuentes, había llegado a rectificar algunos de los procedimientos que venían funcionando desde hacía años en el consorcio como, por ejemplo, el exceso de contrataciones a dedo sin publicidad. Una práctica que se llevó a cabo en plena crisis financiera y de recortes y que afectaba al dinero destinado a los más necesitados: niños tutelados, personas con discapacidad o víctimas de violencia machista. CGT ha anunciado que tiene previsto denunciar en breve estas anomalías ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Cuando salieron a la luz las irregularidades, la Conselleria de Drets Social se limitó a abrir una revisión de oficio para esclarecer los sobresueldos que cobraron algunos trabajadores. 

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona es un ente público creado en 2006 y se encarga de los servicios sociales especializados en la capital que, en el resto de Catalunya, son competencia de la Generalitat. Gestiona los centros donde viven menores tutelados, pisos para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, residencias de personas con discapacidad y centros de terapia ocupacional. Su presidencia la ostenta el 'conseller' de Derechos Sociales, ahora Violant Cervera (JxC) y la vicepresidencia recae en el responsable de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, hoy Laura Pérez.

Contratación sin publicidad

El dictamen de la Sindicatura de Comptes de 2014 hace mención a malas prácticas en la contratación de servicios. En concreto, indica este órgano, existen contratos para la gestión de determinadas labores que se realizaron sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública. Es decir, a dedo. Lo hicieron usando una categoría que es aplicable cuando el adjudicatario es el único que puede hacer esa labor. De los 22 expedientes analizados, un total de 20, por valor de 22 millones de euros, se tramitaron mediante este sistema, sin que se incluyera la justificación legal de esa exclusividad. Esta practica continuó en años posteriores. Además, los informes de fiscalización denuncian que Josep Pera, gerente del consorcio desde 2012 hasta 2017, incumplió la normativa porque firmó convenios de contratación cuando no le correspondía.

Las auditorías también precisan también que, al menos, en 2015, 2017 y 2019, el consorcio pagó casi un millón de euros en sobresueldos por encima de convenio y sin justificar, principalmente a los jefes de área o departamentos. Así, en 2015, el organismo desembolsó una retribución extra de 352.379 euros; en el 2017, 328.726, y en el 2019, 256.000. Estos sobresueldos se concretan con dos conceptos retributivos (“mejora voluntaria” y “a cuenta del convenio”), que ni constan en la tablas salariales, ni están avalados por la Dirección General de Presupuestos ni la Dirección General de la Función Pública. 

Suscríbete para seguir leyendo