La Generalitat paga a Endesa la primera parte de la deuda de la pobreza energética

La Generalitat ha autorizado este martes el pago de 10,8 millones de euros para liquidar las facturas de luz y gas atrasadas de las familias más vulnerables en Catalunya que tienen contratos con Endesa. Una medida que ya desveló EL PERIÓDICO y que hoy se ha hecho efectiva. Este dinero corresponde a la mitad de las facturas de 35.000 hogares en situación de pobreza durante los años 2020 y 2019. Sin embargo la Generalitat solo pagará este año 3,6 millones de euros, y el resto del gasto lo asumirá en las cuentas de 2022 y 2023.

El acuerdo por el que Endesa aceptaba condonar la mitad de las facturas de las familias vulnerables fue tildado de histórico. La legislación catalana protege las familias más vulnerables, las eléctricas no les pueden cortar la luz si los servicios sociales dictaminan que viven en la exclusión social. Pero hasta que Endesa no firmó el acuerdo con el Govern, la compañía seguía exigiéndoles el pago de la electricidad. Algunas familias incluso fueron citadas en los juzgados por los impagos. Un documento, el de responsabilizarse al 50% del pago de la luz de los más vulnerables, que el resto de empresas aún no han asumido.

La Conselleria d'Empresa i Treball, en manos de Roger Torrent, ha anunciado este martes que ha autorizado a hacer el primer pago para las facturas atrasadas de 2019 y 2020. La deuda alcanza los 21,7 millones de euros. El Govern asume pues el pago de la mitad de estas cuentas, 10,8 millones de euros, aunque parte de este dinero proviene de las administraciones locales: las cuatro diputaciones provinciales, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. Según ha informado la 'conselleria' en un comunicado, las 35.000 familias afectadas recibirán una carta durante los próximos días en los que indica que su deuda con Endesa está, definitivamente, saldada.

Pero las alzas del precio de la energía, y la crisis social derivada de la pandemia del coronavirus, han aumentado drásticamente el número de familias que no pueden pagar la factura de la luz. La Generalitat deberá seguir abonando la mitad de estas facturas, y algunas fuentes del Govern estiman que solo este 2021 se habrían duplicado los costes. El acuerdo con la principal eléctrica en Catalunya también permite crear contadores sociales para la luz a aquellas familias que hayan tenido que ocupar una vivienda por necesidad. La burocracia y los costes derivados de esta gestión están frenando el avance de esta medida. Por el momento, sólo un ayuntamiento ha logrado colocar seis contadores sociales.