La privatización de la sanidad abre una nueva brecha entre PSOE y Podemos

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que el Ejecutivo se compromete a derogar de forma "explícita y expresa" la ley 15/97 del ejecutivo de José María Aznar que abría la puerta a la privatización de la sanidad pública y que ha generado un nuevo capítulo de diferencias en el Gobierno de coalición por un tema que puede considerarse tangencial: la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La formación morada se oponía a este norma, que la ministra ha llevado este lunes al Consejo de Ministros, en primera lectura, porque considera que no acaba con las privatizaciones, consagradas en la ley 15/97 del Ejecutivo de Aznar. La ministra, por su parte, ha insistido una y otra vez en que la normativa bloquea la introducción de nuevos copagos sanitarios y sitúa la gestión pública sanitaria como "preferente".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad ha señalado que se trata de "un día importante" porque el Gobierno ha examinado, en primera vuelta, la ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, la cohesión y la universalidad. Detalló que para ello se han modificado las leyes 14/86, 16/2003 y el Real Decreto 16/2012 y se ha derogado la citada Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. De esta manera, dijo la ministra la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios tendrá preferentemente gestión directa y de carácter público. 

Una ley de "todo el Gobierno"

Así, en alusión a la ley 15/97 la ministra habló de una derogación "explícita y expresa". Darias aseguró que "es una ley de todo el Gobierno" y ha tenido el apoyo de "todos los ministerios". De esta manera, dijo, "se consolida y blinda que no puedan repetirse situaciones del pasado". La norma, señaló la ministra, busca fortalecer el SNS y ampliar y mejorar los derechos de los ciudadanos "estableciendo como fórmulas de gestión preferente la prestación y la gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios aquellas que sean de carácter directa pública".

La ministra negó conflicto alguno con su socio y que cumple con lo pactado entre el PSOE y Unidas Podemos ya que avanza "en la gestión directa de la sanidad pública" y además, defendió que, aunque la estrategia la ha desarrollado su departamento, se han sumado las aportaciones de otras carteras ministeriales.

Los recelos de Unidas Podemos

Unidas Podemos, explican fuentes del Ejecutivo, considera que "no puede apoyar este proyecto de ley porque defiende la sanidad pública y que se aborde un proceso de desprivatización como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana", en referencia a la reversión de las concesiones de hospitales a empresas privadas realizadas por el Gobierno de Ximo Puig en el caso de los hospitales de Alzira y Torrevieja. Sostienen las mismas fuentes que es mantener la legislación que ha permitido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, privatizar varios centros en la Comunidad de Madrid "no es un tema menor".

Además, aseguran, supone incumplir el acuerdo del Gobierno de coalición que en el punto sobre el compromiso de "blindaje" de la sanidad pública, sustentada en una "gestión pública directa". En este sentido el pacto de Gobierno aludía directamente a "la revisión de la ley 15/1997 del PP de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema".

Fuentes del Gobierno señalan que la alerta sobre este asunto surgió cuando comprobaron en la reunión de la comisión de secretarios y subsecretarios, previa al Consejo de Ministros, que el proyecto de Darias no modificaba esa legislación. Un aspecto sobre el que el Gobierno todavía no se ha pronunciado. El sábado la ministra aprovechó su presencia en el congreso del PSOE andaluz para anunciar que el Gobierno aprobaría este lunes el anteproyecto en primera lectura. Según fuentes de Unidas Podemos ha pasado este primer filtro sin cambios al respecto. Es decir, sin ninguna alusión a dejar sin efecto las privatizaciones sanitarias.

Derogar la ley Aznar

“No decimos que la ley no tenga puntos positivos. El problema es que el punto fundamental no lo aborda, que es la privatización y ese es el verdadero problema de la sanidad pública” señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Rosa Medel, portavoz de sanidad de Unidas Podemos en el Congreso. “Hemos propuesto unas alternativas en todo el procedimiento de desarrollo de la tramitación de la ley, aportaremos las enmiendas y esperamos que el PSOE lo tome en cuenta porque, tal y como está el texto, no lo apoyamos”, indica Medel.

Rosa Medel: "Queremos que no se permita la gestión privada porque supone una clara merma de la eficiencia y se produce una desviación de dinero público muy grande"

Unidas Podemos apoya “claramente” el modelo de gestión pública directa lo mismo que el Ejecutivo dice que defiende. “Se hizo una ley, la 15/97, y no era consecuencia de ninguna directiva de la UE, era una ley nuestra y nosotros creemos que es necesario derogarla, no hacer pequeñas modificaciones del texto que mantienen intacta la ley de José María Aznar”, indica Medel.

La portavoz sanitaria insiste en que su partido quiere que "en los servicios públicos, concretamente en la sanidad que es un servicio público, no se permita la gestión privada porque supone una clara merma de la eficiencia y se produce una desviación de dinero público muy grande para que unas empresas privadas hagan negocio”.

Modelo Alzira

Es es lo que espera la ciudadanía, incide Medel y fue una de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción del año 2020, recuerda. “Esta es nuestra enmienda. Fundamentalmente eso porque precisamente derogar la ley 15/97 y apostar por exclusivamente por la gestión directa es lo más importante de todo el texto”, añade.

La propuesta de Unidas Podemos pasa por facilitar la desprivatización cuando se cumplan los contratos de las concesiones administrativas. La formación morada, explica Rosa Medel, elige el modelo del PSOE de la Comunitat Valenciana, el que impuso la exministra Carmen Montón (el llamado ‘modelo Alzira’) que “nos parece el modelo que hay que seguir”.

Nuevo copagos sanitarios

El pasado 20 de octubre el Ministerio de Sanidad sacaba a consulta pública el anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Una normativa que, según el departamento que dirige Carolina Darias, introduce el enfoque de la salud en todas las políticas públicas.

Según Sanidad, esta medida materializa de forma efectiva el enfoque de salud en todas las políticas, de tal forma que, en la definición de las políticas públicas, en todos los sectores y de manera sistemática, se tendrá que tener en cuenta las implicaciones en la salud que conllevan las decisiones que se toman, con el objetivo de evitar impactos perjudiciales para la salud y mejorar la salud de la población y la equidad en salud.

La norma también persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, como ya sucede con los establecidos para los medicamentos, en prestaciones que hasta la fecha no están impuestos, como el transporte sanitario no urgente o los productos ortoprotésicos. Éstos incrementarían las cargas financieras de las familias y aumentarían las desigualdades sociales en salud, afectando especialmente a la población en riesgo de pobreza que, además, ha sido duramente afectada por la pandemia de covid-19, según Sanidad.

Asimismo, el texto introduce una modificación del Fondo de Garantía Asistencial con el objetivo de hacer viable su desarrollo reglamentario, para poder cubrir mediante este fondo extrapresupuestario los desplazamientos de las personas titulares del derecho a la protección de la salud entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, garantizando la cohesión y equidad en el SNS.

Ataque a la sanidad privada de Podemos

Precisamente, el rechazo inicial del grupo parlamentario Unidas Podemos del proyecto de ley ha suscitado la crítica de la patronal de la sanidad privada. Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han mostrado "su preocupación ante el intento irresponsable de confrontación que, una vez más desde determinadas agrupaciones políticas, descalifican el modelo de complementariedad público-privado en materia sanitaria".

Para la patronal el veto de UP a la normativa por considerar que permite la "privatización" de la sanidad pública, necesita un "análisis objetivo que desmiente este tipo de ataques injustificados que no hacen más que desestabilizar el Sistema Nacional de Salud". Según ASPE, atendiendo a los datos del propio Ministerio de Sanidad, solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, sólo algo más de 1 de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a conciertos, lo que permite reducir listas de espera en hospitalización, diagnóstico por imagen, terapias respiratorias y diálisis, entre otras muchas de las áreas que comprenden la atención sanitaria integral.

En relación a la alusión de Unidas Podemos a la Comunitat Valenciana, en el caso de la no renovación de concesiones de los hospitales de Torrevieja y Alzira, la patronal pone sobre la mesa el sobrecoste de 76 millones de euros generado solo por este último centro tras su vuelta a la gestión pública

"No hay ningún sobrecoste. El problema es que cuando estaba gobernado por concesiones administrativas, las ratios de personal sanitario eran tan bajas que se ponía en riesgo la salud de los pacientes. De hecho, cuando el hospital de Alzira volvió a la gestión pública tuvieron que contratar a 400 sanitarios para poder sacarlo adelante", responde la portavoz de Sanidad de Unidas Podemos.