Reforma legal

Las oenegés celebran las nuevas medidas que facilitarán los papeles a los jóvenes extutelados

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mena / Josep Garcia

Samar El Ansari / Kelsey Álvarez

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Las entidades que trabajan con jóvenes extutelados en Catalunya han celebrado este miércoles la reforma del reglamento de extranjería acordada el martes por el Consejo de Ministros y que facilita la obtención de los permisos de residencia y trabajo a los extranjeros extutelados. La medida ha sido impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y beneficiará a más de 15.000 jóvenes y menores. La nueva normativa destaca principalmente por ofrecer mejoras en los plazos para tramitar la primera residencia, en los requisitos para la obtención de la vivienda y permiso de trabajo y en la agilidad en los trámites burocráticos tales como la renovación de los papeles.

Con estas medidas España pretende acercarse a la normativa sobre menores extranjeros de la Unión Europea y avanzar en la regulación de la inmigración como han hecho anteriormente países como Italia, Francia o Alemania. "Hay países que lo han regulado muy bien, en Italia no piden recursos económicos, solo solicitan que el beneficiario pueda demostrar que está cursando alguna formación o que esté en búsqueda activa de trabajo. En España acabamos de dar un paso hacia lo que es el estándar europeo", comenta Jennifer Zuppiroli, abogada de Save The Children.

Dentro del paquete de medidas aprobadas en este real decreto destaca la modificación de los requisitos para la residencia y el trabajo. Anteriormente los jóvenes extutelados que necesitaban renovar la autorización de residencia debían acreditar 2.000 euros de ingresos propios mensuales que, además, no podían provenir de ninguna ayuda social. Con esta nueva reforma los ingresos se reducen a 500 euros que pueden proceder de ayudas sociales, cosa que facilita la inclusión de los jóvenes anteriormente tutelados. Desde las diferentes entidades celebran las medidas como un gran paso para empezar a poner fin a esta dramática situación social. "La reducción del pago mensual de 2000 euros es una mejora grande pero realmente 500 euros sigue siendo excesivo para aquellos menores que no trabajan, es un precio que no se pueden permitir. En definitiva sí celebramos la reforma y sí nos alegramos porque facilita el camino a muchos jóvenes pero, como he dicho anteriormente, no es la solución definitiva, debemos seguir trabajando para conseguir una plena inserción de los jóvenes no acompañados", explica Sara Bajiji, abogada de la asociación Bayt al-Thaqafa.

Carácter retroactivo

Las medidas aprobadas este martes son de carácter retroactivo, todos los jóvenes extutelados menores de 23 años van a verse beneficiados. Desde las entidades celebran este avance porque acoge a gran parte del colectivo que por fin podrán tener garantizado su futuro durante un plazo de dos años. Destaca principalmente el plazo para tramitar la primera residencia, que se ha visto reducido de nueve a tres meses, agilizando el proceso de vivienda, pero aun así desde las entidades siguen creyendo que es demasiado largo y apuestan por reducirlo a un máximo de 15 días. "A pesar de que la propuesta es buena, las entidades solicitamos que el plazo para tramitar la primera residencia sea de un máximo de 15 días. Aun así aplaudimos que el tiempo máximo se haya reducido a tres meses ya que era una de las medidas más necesarias para garantizar la inclusión de los jóvenes", subraya Zuppiroli.

Desde las entidades recalcan que es un avance enorme hacia inclusión social de las personas. Era una demanda que desde las diferentes ONG llevaban tiempo solicitando y era un paquete de medidas muy esperado ya que significa un gran cambio respecto al reglamento anterior. "Estamos contentos pero aún hay brechas que no han quedado cubiertas, siempre hay una parte del colectivo que no sale beneficiado. Las medidas son buenas pero aún queda mucho camino por recorrer" remarca Jordi Sàlvia, director de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA).

El real decreto ha sido publicado esta mañana en el BOE y las medidas entrarán en vigor en 20 días. Desde las asociaciones esperan una respuesta ágil por parte de las administraciones que les permita ponerse a trabajar desde ya para poder actuar en el momento en que el real decreto entre en vigor. "Hoy nos hemos puesto en contacto con el secretario de inmigración para preguntar cómo funcionará el sistema y así poder estar preparados cuando entre en vigor", explica Sàlvia.