Investigación

Caso Serveis Socials: las entidades revisan sus expedientes con el consorcio

  • Las oenegés y empresas que tienen contratos con el Consorci de Serveis Socials de Barcelona recuperan sus expedientes y tratan de ponerse en contacto con el ente

  • Algunas fuentes del sector social afirman que el consorcio era un "desbarajuste" y critican que las entidades más grandes afrontan "menos controles"

El santuario de Sant Josep de la Muntanya, que alberga un centro de menores en sus instalaciones.

El santuario de Sant Josep de la Muntanya, que alberga un centro de menores en sus instalaciones. / FERRAN NADEU

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

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Han abierto las carpetas, recuperado expedientes antiguos y releído una y otra vez los contratos y adjudicaciones firmados con el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Las entidades sociales que han obtenido contratos que hoy están bajo sospecha según auditorías publicadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA están revisando las adjudicaciones de los centros de menores, discapacidad o servicios derivados. Quieren hablar con el 'consorci', ya que se enteraron de todas las irregulares por la prensa, aunque algunas fuentes sociales afirman, contundentemente, que aquello era un "desbarajuste".

"Nosotros hemos recuperando los expedientes antiguos y hemos constatado que tenemos toda la documentación presentada", afirma Adela Camí, responsable de una cooperativa que gestiona tres servicios del consorcio. "Ahora, la falta de documentos y las firmas que no correspondían no son nuestra responsabilidad, es un error suyo que deben subsanar y asumir ellos", insiste Camí, que quiere reunirse con el ente. No son los únicos. Otra entidad afirma exactamente lo mismo, molesta por que el consorcio jamás les avisara de los comentarios hechos por la auditoría de la Generalitat. "Nos hemos puesto a disposición de las administraciones para cualquier consulta o requerimiento documental que sea necesario", afirman desde Intress, y añaden que asumen la gestión de servicios públicos con "rigor" y "cuidado".

Mutismo

El mutismo es absoluto, al menos de cara a la prensa, de las grandes asociaciones de entidades sociales. La único que ha dicho algo públicamente ha sido la Conferederació del Tercer Sector, en un tuit en cuanto se publicó la primera exclusiva de EL PERIÓDICO. Dijeron que las malas praxis detectadas eran "inaceptables", criticaron que las "lógicas de mercado" en las contrataciones públicas favorecían estos hechos, y aprovecharon para reclamar una propuesta de ley de acción concertada que, dicen, podría blindar los servicios de atención social para que los prestaran las oenegés y no las empresas privadas con ánimo de lucro.

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Sin embargo, fundadores o responsables de importantes entidades sociales no esconden su malestar en cuanto leyeron la información publicada. "A menudo estamos vendidos, estamos sujetos a las lógicas de la administración y son muchas las entidades que no tienen suficiente personal para saber si un contrato está bien o mal". Por ejemplo, cuando licitan un servicio con meses de retraso, o cuando deben asumir proyectos por debajo del coste real para ganarlos. Otra responsable de un ente social en los barrios de Barcelona afirma que los hechos conocidos estos días son un "fraude absoluto" y pide "responsabilidades". "A las entidades sociales pequeñas, para justificar gastos de 10.000 o 50.000 euros nos piden de todo, nos fiscalizan al máximo, pero a las grandes entidades que gestionan contratos millonarios parece que no es proporcional, es una forma más de desigualdad", se queja.

Sorprende la contundente afirmación que deja ir una importante entidad social que trabaja para los niños desfavorecidos. "Ya sabíamos que el consorcio era un desbarajuste", incide un responsable. Habla de unas propuestas de contratación que hace llevar las manos a la cabeza y que, a todas luces, podrían incumplir la normativa. "Esto de que no tienen personal no cuela, las entidades deben saber que los contratos no se hacían bien, y si firman esos contratos, y entran en la rueda, es su problema", añade.