El movimiento antidesahucios denuncia 360 multas que suman más de 200.000 euros

Decenas de personas de entidades y colectivos que defienden el derecho a la vivienda han expuesto este miércoles ante el Departamento de Interior de la Generalitat la "situación de represión" que, según denuncian, está sufriendo el movimiento. La abogada Eva Pous, de Alerta Solidària, ha mostrado las cifras de esta "represión". En total, han documentado 364 multas, 351 de las cuales en relación a desahucios, desde marzo del 2019 hasta octubre del 2021, por un valor total de 206.141 euros. Todas ellas impuestas por Interior y basadas en la conocida como "ley mordaza" (ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), concretamente en los artículos 36.4 (obstrucción), 36.6 ( desobediencia) o 37.4 (falta de respeto).

Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha interpelado directamente el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al 'conseller' Joan Ignasi Elena. Los colectivos exigen "la retirada inmediata de todas las multas, el compromiso de no utilizar la ley mordaza para multar a personas que defienden la vivienda y que la Brimo no participe en la ejecución de los desahucios". "Los dos partidos del gobierno dicen defender la derogación de la ley mordaza, a la que en 2014 ERC y CIU presentaron recursos de inconstitucionalidad, pero la siguen utilizando contra el movimiento por la vivienda", han subrayado los convocantes.

Finalmente, Lídia Soler, miembro de la PAHC Bages, ha pedido a todo el movimiento por la vivienda que siga "poniendo el cuerpo en cada desahucio, ante la inacción de los gobiernos y unas políticas de vivienda ausentes". "La represión no parará al movimiento", ha zanjado.

Nueva protesta este jueves

Desde la PAH denuncian también que Junts per Catalunya "quiere recortar la nueva ley antidesahucios". En junio, el grupo promotor de la ley 24/2015 presentó y registró, con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria (ERC, Junts, En Comú Podem y CUP), la que tenía que ser la nueva ley antidesahucios que tenía que restituir los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, unos artículos que ampliaban la cobertura de la ley 24/2015.

El pasado 20 de septiembre finalizó la ronda de comparecencias en el Parlament para hacer aportaciones al texto registrado cuyo objetivo es acabar con miles de desahucios (el 31 de octubre finaliza la moratoria estatal). Durante las casi dos semanas de esta fase han comparecido en el Parlament una amplia representación de diferentes actores: entidades sociales, organismos o representantes públicos, expertos, colegios profesionales, asociaciones y representantes de la propiedad, aportando cada una su visión sobre la ley, que ahora está en fase de enmiendas. "A pesar de su compromiso inicial, Junts ha presentado importantes enmiendas a la nueva Ley. Enmiendas tan fundamentales como compensar económicamente a los desahuciadores o cambiar de nuevo la definición de gran propietario a 15 viviendas en vez de 10, como está registrado, haciendo de esta manera un paso atrás y dejando fuera algunos casos de familias vulnerables que tuvieron que ocupar, posicionándose al lado de quienes desahucian, en vez del de las familias vulnerables", denuncian desde la PAH, que convocan una concentración para este jueves a las seis y media de la tarde en Arc de Triomf.