Reforma de la ley del aborto

Igualdad augura una "dura batalla" con el PSOE para impedir la violencia obstétrica

  • El Colegio de Médicos rechaza que haya prácticas violentas en los paritorios españoles pero la Federación de Matronas dice que sí existen

Irene Montero y Carolina Darias.

Irene Montero y Carolina Darias. / EFE / R. JIMÉNEZ / EUROPA PRESS / E. PARRA

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

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La intención del Ministerio de Igualdad de impedir la llamada 'violencia obstétrica' en la reforma de la ley del aborto provocará una "batalla muy dura" con el ala socialista del Gobierno, según Ángela Rodríguez, alias 'Pam', quien sustituirá a Noelia Vera al frente de la secretaria de Estado de Igualdad.

Este sábado, durante su intervención en la mesa 'Derechos sexuales y reproductivos', dentro de la 'Universidad de Otoño' impulsada por Unidas Podemos, la futura número dos de la ministra Irene Montero ha ensalzado la "valentía" del Ministerio de Igualdad a la hora de suscitar debates a los que un "montón de señores y señoras" dijeron primero que 'no' y "al final se pudo", según recoge Europa Press.

En este contexto, Ángela Rodríguez ha asegurado que la reforma de la ley del aborto, que el departamento capitaneado por Montero quiere llevar al Consejo de Ministros en diciembre, no generará menos polémica. Y en concreto, ha aludido a la intención de incluir en la modificación legal la violencia obstétrica, decisión que, según 'Pam', provocará controversia dentro del Gobierno de coalición.

Rechazo de los médicos

Y es que el Consejo General de Colegios de Médicos ha asegurado que el concepto 'violencia obstétrica' "no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto" en España y "criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios de rigor científico y la ética médica". Y, según se desprende de las palabras de la futura secretaria de Estado de Igualdad, el Ministerio de Sanidad, en manos de la socialista Carolina Darias, se pondrá del lado de los colegios de médicos.

Si bien, la situación tiene muchos matices, puesto que la Federación de Asociaciones de Matronas, FAME, ha emitido un comunicado en el que señala que en España sí se "ejerce violencia obstétrica", tanto en los sistemas sanitarios público como privado. "Es hora de dejar de mirar para otro lado y que todos los profesionales implicados en la obstetricia atajemos de raíz el problema, llamando a la violencia obstétrica por su nombre, sin eufemismos", piden las matronas.

El acuerdo

De momento, en la consulta pública que el Gobierno ha sacado sobre la reforma de la ley del aborto y que, según fuentes del Ministerio de Igualdad, ha sido consensuada con Sanidad, se establece que la modificación legal impulsará instrumentos que garanticen la concreción de la Estrategia de Atención al Parto Normal, de 2007, en protocolos asistenciales, desde un "enfoque de género, que promueva la autonomía de las mujeres y el parto respetuoso".

En dicha Estrategia se recomienda adaptar el número de cesáreas, partos instrumentales o inducidos a los estándares internacionales. Si bien, hay un "bajo nivel de inclusión de estas recomendaciones" en los protocolos sanitarios, según se recoge en la propia consulta pública. De ahí que el Ministerio de Igualdad pretenda renovar los protocolos, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS y atendiendo a una condena de la ONU, organismo que instó a España a indemnizar a una española que durante su parto sufrió 10 tactos vaginales.

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La objeción de conciencia

La reforma de la ley del aborto también prevé una nueva regulación de la objeción de conciencia de los médicos para impedir que este derecho provoque que la inmensa mayoría de mujeres sean derivadas a interrumpir sus embarazos a clínicas privadas concertadas con la sanidad pública. La intención del Ministerio de Igualdad ya ha provocado un pequeño roce entre Montero y Darias, quien descartó una nueva regulación del derecho, si bien también se mostró a favor de que la objeción "no sea un impedimento a la prestación asistencial". "Hay que compatibilizar todos los derechos", señaló Darias, algo que también comparte Montero.