La profesión se moviliza contra el juicio al fotoperiodista Albert Garcia

La profesión periodística catalana se ha movilizado este miércoles en protesta por el juicio al que se enfrenta el fotoperiodista de El País Albert Garcia, detenido el 18 de octubre del 2019 mientras cubría los disturbios que se produjeron contra sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. "La Policía realizó un montaje policial usando su principio de veracidad para justificar aquella detención, que no se aguantaba por ningún sitio", ha asegurado el informador ante la sede de la Delegación de Gobierno en la capital catalana, donde se han reunido medio centenar de personas, la mayoría profesionales de la comunicación.

Garcia está acusado de dos presuntos delitos de atentado a agentes y un presunto delito leve de lesiones a raíz de su detención en la plaza Urquinaona de Barcelona mientras cubría los altercados, y ha tachado el arresto de injusto, desproporcionado y basado en "un atestado policial lleno de mentiras al que el juez instructor ha dado plena veracidad", y confía en demostrar su inocencia. El presidente del Grup Barnils, Enric Borràs, ha recordado que el fotoperiodista trabajaba acreditado cuando le detuvieron, y se ha referido a los chalecos y brazaletes de prensa: "Tendrían que resolver el problema y, en lugar de hacerlo, lo han agravado, porque nos convertimos en blancos mas fáciles y nos distancia de lo que queremos cubrir".

El manifiesto

Durante la protesta, la fotoperiodista de 'La Vanguardia' Ana Jiménez ha leído un manifiesto que reclama la absolución de Garcia y que han firmado el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Comité de Empresa y el Comité de Redacción de 'El País', el Grup Barnils, la Federación de Asociaciones de Informadores Gráficos, la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Sindicat de la Imatge-UPIFC y el Sindicat de Periodistes de Catalunya.

El manifiesto sostiene que la causa contra Garcia es "un juicio a la prensa, a toda la profesión, y un ataque a la libertad de prensa", reclaman al Ministerio de Interior que desautorice la versión policial del caso, que las administraciones garanticen el derecho a la información y que se derogue de la 'ley mordaza' por causar indefensión a los profesionales de la información, en palabras textuales.