Consulta pública

Igualdad garantizará el aborto en centros públicos en todas las autonomías

  • El Gobierno saca a consulta pública la reforma de la ley de plazos, que tiene como objetivo acabar con los "obstáculos" que dificultan el "ejercicio efectivo y pleno"

La ministra de Igualdad, Irene Montero durante la entrega los primeros Reconocimientos Arcoiris a personas y entidades destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de las personas LGTBI Lugar, este lunes, en Madrid.

La ministra de Igualdad, Irene Montero durante la entrega los primeros Reconocimientos Arcoiris a personas y entidades destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de las personas LGTBI Lugar, este lunes, en Madrid. / David Castro

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

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La reforma de la ley del aborto, en la que el Ministerio de Igualdad lleva trabajando desde el mes de junio, sigue abriéndose paso. El Gobierno saca este martes a consulta pública la elaboración del proyecto normativo, tal como obliga la ley de procedimiento administrativo, con el objetivo de que entidades, expertos y todo aquel ciudadano interesado remita durante 15 días sus aportaciones y sugerencias.

El texto que acompaña a la consulta pública deja negro sobre blanco que el objetivo de la reforma es retirar los "obstáculos" que dificultan "el ejercicio efectivo y pleno" en el sistema nacional de salud, donde solo el 14% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en centros públicos. Además, existe una gran diferencia entre autonomías. En ocho provincias y cinco comunidades directamente no se realizan en hospitales de la red pública, mientras que en Catalunya, que encabeza el ránking de 'abortos públicos', se practican en 61 centros, según datos de 2019, los últimos disponibles. Frente a ello, el objetivo de la modificación legal es "garantizar la equidad territorial y la accesibilidad" en toda España.

El principal motivo que dificulta que la prestación en el circuito público es una "mala práctica" de la objeción de conciencia, según ha expuesto la directora del Instituto de las Mujeres, Antonio Morillas, al dar a conocer la consulta pública. Y es que una objeción generalizada en muchos hospitales impide que se realicen abortos y hace que las mujeres interesadas sean derivadas a la red de clínicas concertadas, donde normalmente no se tiene que pagar la prestación sanitaria. Pero tener que acudir a clínicas privadas, muchas veces situadas a cientos de kilómetros de donde vive la mujer y donde se efectúan frecuentemente actos ultras a sus puertas, "estigmatiza" este derecho, según explica Morillas, una de las impulsoras de la reforma legal, junto a la ministra Irene Montero.

La dificultad para abortar en el sistema público es un problema histórico. En 2010, cuando se aprobó la actual ley de plazos, que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, el 98% de las intervenciones se realizaban en el sector privado. Si bien, el problema ha vuelto a copar la agenda pública a raíz del testimonio de una doctora del hospital madrileño Clínico San Carlos, quien como paciente fue derivada a una clínica concertada pese a que el motivo del aborto era terapéutico, el feto era prácticamente inviable y ella corría riesgo.

La gratuidad

En este contexto, el documento de la consulta reconoce que "existe un problema en relación a la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial" que la reforma legal tratará de solucionar. Para ello, Igualdad estudia crear un registro de objetores a título individual, similar al que existe en la ley de la eutanasia, de forma que se dificulte que se declare objetor todos los profesionales de un mismo centro y, si ocurre, garantizar por ley que aún así se garantice la prestación.

El acoso

Asimismo, la ley podrá mecanismos para impedir "el acoso" a las mujeres y a los profesionales sanitarios a las puertas de los centros sanitarios. A este respecto, el Congreso está ya tramitando una reforma del Código Penal, impulsada por el PSOE, para castigar con penas de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes coarten la libertad a la maternidad libremente decidida.

La formación


La reforma legal también proveerá que las mujeres reciban una información completa sobre las técnicas existentes - básicamente abortos farmacológicos o instrumentales- para la realización del aborto y los distintos circuitos que existen en las autonomías a la hora de acceder a la prestación. Asimismo, se mejorará la formación que reciben los profesionales sanitarios dado que, según la Asociación de Clínicas Acreditadas ACAI, es bastante incompleta.

Menores

Por último, se prevé derogar la reforma impulsada por el PP y que obliga a las mujeres de 16 y 17 años a contar con el permiso de sus progenitores y se eliminarán los tres días de reflexión necesarios antes de ser sometida a la intervención.

Derechos reproductivos

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La reforma, no obstante, no se centrará exclusivamente en el aborto y prevé la consolidación "de la salud sexual y reproductiva como un conjunto de derechos humanos". Para ello, "garantizará" la inclusión de una educación sexual "integral y con enfoque de género" en el currículo en todas las etapas de la vida, a través de la educación formal pero también a través de los medios de comunicación o las redes sociales.

Y para acabar con la llamada violencia obstétrica se "impulsarán instrumentos" que garanticen que la Estrategia de Atención al Parto Normal que impulsó Sanidad en 2007 se concrete en "protocolos asistenciales", desde un enfoque de género, de forma que cuando se hagan cesáreas o técnicas invasivas estas estén cien por cien justificadas para promover "la autonomía de las mujeres y el parto respetuoso".