Solo para funcionarios

Congreso y Senado dejan fuera a los parlamentarios del primer protocolo antiacoso

  • Obliga a informar de cualquier situación de acoso y las Cámaras se comprometen dar asesoramiento y acompañamiento a las víctimas

Sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Sesión de control en el Congreso de los Diputados.

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Europa Press

El Congreso y el Senado cuentan ya con su primer protocolo de actuación frente a todas las formas de acoso, incluido el sexual o laboral, y que contempla sanciones, pero únicamente para el personal que depende administrativamente de las Cámaras, no para los diputados y senadores ni, por ejemplo, los empleados de los grupos parlamentarios.

El protocolo, aprobado por las Mesas de ambas Cámaras y al que ha tenido acceso Europa Press deja claro que en el Congreso y el Senado "no se tolerarán situaciones de acoso, tanto sexual como por razón de sexo, acoso discriminatorio o acoso laboral". En este contexto, las dos instituciones se comprometen a "consolidar un entorno de trabajo libre de acoso y violencia de cualquier tipo, así como a adoptar las medidas necesarias para su prevención, para dar cauce a las quejas o denuncias que formulen quienes hayan sido objeto de las citadas conductas y para facilitar la recuperación de las víctimas".

El documento sólo recoge posibles sanciones para los funcionarios o el personal laboral, al ser los únicos sometidos a responsabilidades disciplinarias por depender administrativamente de las Cámaras. Sin embargo obliga a cualquier persona que desempeñe su trabajo en el Congreso o el Senado y tenga conocimiento de una situación de acoso de cualquier tipo a informar a sus superiores jerárquicos o a la asesoría confidencial creada para recibir este tipo de quejas.

Es decir, si alguien tiene conocimiento o sufre directamente acoso por parte de un miembro del Congreso o el Senado, de un asistente de un grupo parlamentario o de empleados de empresas que prestan servicios en las instituciones, lo deberá comunicar.

Sin competencias con los diputados

En el caso de que el supuesto agresor no sea funcionario o personal laboral, la asesoría confidencial informará a la supuesta víctima de que la Cámara no es competente para incoar un procedimiento, pero sí garantizará un servicio de asesoramiento y acompañamiento para que la persona afectada pueda presentar, por ejemplo, una denuncia en otro ámbito.

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En cualquier caso las medidas de prevención del acoso que prevé el protocolo se aplicarán a todas las personas que desarrollen su trabajo en las Cámaras (también el personal eventual o los empleados de empresas, pero no los parlamentarios). Además, las víctimas podrán recurrir voluntariamente al denominado "procedimiento especial" que podrá activarse sin perjuicio de que se utilice también un procedimiento disciplinario si procede.

Este instrumento voluntario, "rápido y confidencial", según establece el protocolo, no se aplicará si los hechos revisten carácter de delito, si "consistieren en violencia o, por su gravedad, por su trascendencia o por cualesquiera circunstancias concurrentes, se comprometa el buen funcionamiento de las Cortes Generales".