La Delegación del Gobierno sanciona a los dos organizadores de la marcha homófoba en Madrid

Les impone la máxima multa prevista por la ley, 600 euros a cada uno de ellos

También impone el pago de 800 euros a seis personas que llevaron palos y bengalas

Manifestación neonazi en Chueca, Madrid

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Europa Press

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La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha anunciado este martes que impondrá la máxima sanción que permite la ley, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores de la marcha homófoba del sábado por la tarde entre la plaza de Chueca y la Puerta del Sol; y otros 800 euros a cada una de las seis personas que encontraron con bengalas y otros objetos peligrosos.

Durante el desarrollo de la marcha, comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050', se exhibió una pancarta en la que se podía leer 'En Madrid ni bandas latinas ni menas'. La Policía Nacional identificó y cacheó a algunos de los participantes y procedió a la intervención de seis bengalas, cinco palos y un puño americano.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha incoado expediente sancionador administrativo a seis personas, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, a quienes se impondrá la máxima sanción recogida en esta norma, 4.800 euros (800 euros a cada uno).

En cuanto a los dos organizadores, la Delegación inició el expediente de infracción administrativa por incumplimiento de la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de comunicación, ya que 'Di no a las Agendas 2030-2050', nos encontramos una manifestación de carácter homófobo con la máxima sanción que permite la norma: 1.200 euros.

Desde el punto de vista penal, el lunes fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Madrid, a la Sección de Ciberodio, el expediente completo de la manifestación junto a las diligencias de investigación efectuadas por la Policía Nacional con el objeto de que ésta instruya si hay hechos constitutivos de delito de odio, en las proclamas que se profirieron durante el recorrido de la misma.