memoria de la fiscalía
La pandemia frena las expulsiones de extranjeros condenados
La fiscalía también detectó problemas en la regularización de menores inmigrantes rumanos
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La pandemia del covid frenó la expulsión de extranjeros condenados a los que se les sustituyó la pena de prisión por esta medida. En la provincia de Barcelona, en 2020 se anularon el 60% de estas órdenes de repatriación porque los países de origen tenían cerradas sus fronteras, según explicaron las fiscales de extranjería Pilar Izaguerri y Sara Gómez. Estos reclusos, al final, han tenido que acabar de cumplir la pena en las cárceles españolas, a pesar de que en algunos casos era inminente la ejecución de la salida del país. No hay marcha atrás.
Además, a raíz de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo del 2020 y sus sucesivas prórrogas, en las conformidades en los juicios rápidos, donde el acusado reconoce los hechos y se acepta la pena, tampoco se pidieron la expulsión si no se acreditaba la “posibilidad real” de que se iba a realizar, según expone la memoria de este servicio. Eso pasó durante los meses de marzo, abril y mayo. Después, conforme se informaba sobre la viabilidad de practicar expulsiones, se volvieron a reclamar y se dictaron resoluciones acordando la sustitución de la pena de cárcel por la repatriación. En la ejecución, algunas órdenes se materializaron, pero otras fueron revocadas por la “imposibilidad manifiesta”, precisa el informe de la fiscalía.
Durante el año pasado, por este servicio de la fiscalía pasaron más de un millar de escritos de acusación presentados ante los juzgados de Barcelona contra ciudadanos extranjeros y comunitarios en los que era posible valorar el cambio de la pena de cárcel por la expulsión de España. En 590 de esos casos, la sustitución reclamada era íntegra (para peticiones de más de un año de prisión), lo que supone un ligero aumento respecto al 2019, en que se registraron 505. También se incrementaron, pero menos, las solicitudes parciales. Es decir, proceder a la expulsión al cumplir parte de la pena, al acceder al tercer grado penitenciario (semilibertad) o a la libertad condicional. En los supuestos de miembros de la Unión Europea no se solicitó esta medida.
El CIE y los 'menas'
Asimismo, en el CIE de Barcelona, sito en la Zona Franca, hubo una disminución notable de ingresos, pasando de los 1098 en 2019 a los 336 el año pasado. El motivo no es únicamente la suspensión de los expedientes de expulsión, la disminución de la efectividad de las devoluciones y el descenso de llegadas de extranjeros, sino también el cese de la actividad del recinto por obras entre marzo y octubre pasado.
Por otra parte, la fiscalía también detectó el año pasado "abundantes" recursos ante la justicia impugnando la denegación por parte de la Administración de cédulas de inscripción a menores inmigrantes no acompañados (menas) rumanos. El motivo era la falta de pasaporte o documentación identificativa, al no ser emitida por su países de origen porque no reconoce a la DGAIA como organismo de protección y tutela. Estas demandas se están resolviendo mayoritariamente a favor del menor, tras el dictamen del fiscal.
De igual forma en el 2020, la fiscalía ha detectado recursos contenciosos por el rechazo por parte de la Administración de conceder autorizaciones de residencias a los menores inmigrantes tutelados por la DGAIA tras cumplir los 18 años. No se tramitaron porque debía haberse hecho antes de ser mayor de edad y mientras estuvieron bajo el amparo de la Generalitat. Esta situación, se produjo por el “ingente” volumen de menores extranjeros tutelados que se registró en 2018 y 2019 y que llegaron a saturar los servicios públicos de acogida.
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