PROCESO JUDICIAL

El fiscal pide por primera vez cárcel por un tuit racista

  • El ministerio público reclama dos años de prisión para la mujer que difundió una 'fake news' sobre los menas al considerarlo un delito contra los derechos fundamentales

La app de Twitter.

La app de Twitter. / EFE

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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Especialista en Judiciales

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Primer escrito de acusación de la fiscalía en Catalunya por una ‘fake news’ o noticia falsa contra los menores inmigrantes no acompañados. La acusada es R. M. M. C, que publicó en el 2019 en su cuenta de Twitter un vídeo grabado en un centro educativo de Brasil con escenas violentas haciéndolo pasar por uno en España. El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona Miguel Ángel Aguilar le reclama dos años de prisión, multa de 6.480 euros e inhabilitación especial para profesión y oficio educativo durante siete años. Otro juzgado tramita una segunda denuncia contra otra persona también por una falsa noticia.

El fiscal atribuye a R. M. M. C. un delito contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos de discriminación relativos a la nación y origen, con el agravante de difusión por internet. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Aguilar sostiene que las ‘fake news’ tienen una “gran presencia en internet, particularmente en redes sociales, y tienden deliberadamente a aprovechar momentos o incidentes de actualidad con fuerte impacto o conmoción social, aportando material audiovisual inveraz o tergiversando para hacer creer a los receptores que están relacionados”.

En este sentido, el fiscal precisa que, sobre las 4.30 horas del 13 de junio del 2019, la acusada publicó en su cuenta de Twitter, “red social con un potencial acceso por cinco millones de usuarios en España”, un fragmento de 45 segundos de un vídeo en el que se puede observar como dentro de un aula de un centro educativo varios alumnos gritan y lanzan papeles a la profesora. En las imágenes reproducen también como los menores tiran y tumban sillas y mesas, entre chillidos y “risas de burla” hacia la docente.

Grabado en Brasil

Al cabo de dos minutos, R. M. M. C. enlazó del vídeo con el siguiente texto: “Mando video de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad como agradecen nuestra acogida”. La investigación policial permitió comprobar que la grabación recoge hechos que sucedieron en Brasil y que "nada tiene que ver con menores de edad que hayan emigrado a España”, según el fiscal.

En su opinión, con la difusión de este “impactante” video y el texto, la imputada pretendía, “con manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva e indiscriminada” entre los potenciales usuarios de Twitter, "asociar un comportamiento violento en las aulas con los menores no acompañados procedentes de otros país" que llegan a España.

Todo ello, incide el fiscal, “con el fin de difamarles, asociándoles de forma generalizada con actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado”. La intención, subraya, es desprestigiar a esos menores y contribuir “de esta forma a despertar, potenciar o aumentar entra la población prejuicios y estereotipos contra este colectivo de personas, especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y animadversión social frente a ellos”.

Denuncia de la Síndica

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La investigación sobre este caso se inició en julio del 2019. La Síndica de Greuges de Barcelona denunció a la fiscalía la difusión por internet y redes sociales el vídeo con expresiones que asociaban interesadamente los menores inmigrantes con violencia en las aulas. Una semana después la fiscal jefe de Barcelona encargó la investigación al fiscal de odio, Miguel Ángel Aguilar, que pidió a la unidad de investigación de radicalismos en la red, de la comisaría de información de los Mossos, que buscaran la origen de la grabación.

Al cabo de unos meses, la policía entregó dos atestados donde identificaba algunos autores que habían difundido el vídeo por Twitter y Facebook, y que residían en Cuenca, León, Granada y Madrid. El fiscal remitió esos informes las fiscalías provinciales correspondientes para que lo investigaran. En el otro informe se identificaba la titular de una cuenta de Twitter, la ahora acusada y vecina de Sant Joan Despí, lo que permitió a la fiscalía presentar una querella contra ella. 

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