Convivencia en las facultades
Los universitarios podrán ser expulsados por plagios, novatadas y acoso sexual
Todos los campus, públicos y privados, deberán aplicar la normativa y elaborar sus propios protocolos de convivencia
El Consejo de Ministros da luz verde a la propuesta del ministerio de Manuel Castells, que ahora inicia su periplo parlamentario
Hacer una novatada, copiar en un examen, plagiar una tesis doctoral o acosar a un alumno son infracciones universitarias que a partir de ahora estarán reguladas y castigadas por ley. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva ley de convivencia universitaria, que sustituye a la actualmente vigente, que es preconstitucional y data de 1954, en plena dictadura franquista. El objetivo es que ahora los conflictos se resuelvan por la vía democrática. En un principio, la normativa solo afectaba a las universidades públicas. Sin embargo, el texto deja claro que las privadas (37 centros) también deberán redactar normas de convivencia. La ley desembarca en breve en el Parlamento, donde será debatida y ratificada antes de su entrada en vigor.
La norma prevé que las personas que cometan acciones de carácter muy grave, con "menoscabo de la dignidad", violencia grave, acoso sexual o discriminación por sexo, orientación sexual, discapacidad o religión puedan ser expulsadas durante un periodo de entre dos meses a tres años de la universidad o pierdan los derechos de matrícula parcial durante un año académico. También estarán consideradas como faltas muy graves plagiar total o parcialmente una tesis doctoral o el trabajo de fin de grado o máster. En el caso de las faltas graves, existirá la la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas de la sanción, ya sean de carácter educativo o recuperador.
La nueva ley reformula el marco de convivencia universitaria poniendo el acento en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, y la convivencia activa y corresponsable entre todas las personas que integran la comunidad universitaria. "Y como ley básica para todo el Estado, garantiza la igualdad de derechos y sienta las bases para un posterior desarrollo por las comunidades autónomas y las propias universidades", subraya el ministerio que dirige Manuel Castells.
Mediación previa
El régimen disciplinario o sancionador, destaca Universidades, "únicamente entrará en juego cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación, "cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador esté expresamente excluida de ese procedimiento (como los casos de acoso y violencia de género, el fraude universitario o la destrucción de patrimonio) o cuando las partes no consigan llegar a un acuerdo".
Todas las universidades públicas y privadas deberán aprobar normas de convivencia que garanticen el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación o acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica; la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de acuerdo con su función de servicio público y el respeto de los espacios comunes.
Las universidades crearán una comisión de convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, el personal docente e investigador (el rectorado queda fuera), y el personal de administración y servicios. Ante un conflicto, la comisión promoverá el mecanismo de la mediación.
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