La Generalitat apela a un pacto del Gobierno y autonomías para anclar a BCN en el toque de queda ante el TSJC

La Generalitat ha devuelto este viernes la pelota al tejado del TSJC. Después de que los jueces dieran un varapalo a la petición del Govern de mantener el toque de queda, por entender que la limitación de un derecho fundamental, como el de la libre circulación, no podía obedecer a una voluntad de control del espacio público, la administración catalana ha contraatacado. Con una enmienda (se eleva el listón para la retreta a los municipios de 20.000 habitantes con altos índices de contagio, no a los de más de 5.000) y una sostenella, precisamente el umbral de infección que mantiene en los 125 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días.

Para defender esa persistencia, el Govern se acoge a un documento concebido en el Consejo Interterritorial de Salud, titulado ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del covid-19', en su versión actualizada del 2 de junio del presente año. En él se define ese umbral de los 125 casos por 100.000 habitantes en la última semana como de “muy alto riesgo”. Por todo ello, la Generalitat asevera que "la medida propuesta es necesaria y se considera proporcionada con el objetivo de control de la quinta ola pandémica ya que se establece con un criterio selectivo a municipios de más de 20.000 habitantes en una situación epidemiológica reconocida por las autoridades sanitarias como de muy alto riesgo".

No queda claro, sin embargo, siempre en el nivel sanitario que es el que el TSJC exige que sustente una demanda que recorta, esa es la clave, derechos fundamentales a los ciudadanos, por qué lo que era imprescindible para los municipios de más de 5.000 habitantes el martes, ahora lo sea, el viernes, tan solo, para los de a partir de 20.000. Y tampoco por qué, si el Consejo Interterritorial situó los 125 casos por 100.000 habitantes como umbral de "muy alto riesgo" en junio, solicitó la Generalitat en julio la retreta para las localidades con un índice de 400 casos y, hace unas semanas, de 250. Más del triple, en el primer caso, y el doble, en el segundo.

El Govern, cabe recordar, reaccionó virulentamente contra la decisión del jueves del TSJC por entender que los jueces estaban actuando como "epidemiólogos" y dejando subyacer que si los índices pandémicos están en descensos, pero no en caída, es gracias, precisamente a las restricciones adoptadas en julio, tras los efectos de los días de Sant Joan.

Objetivo: Barcelona

El resultado de todo ello es que a la lista de 19 localidades que sobre las que el TSJC permitía el toque de queda (mayores todas ellas de 5.000 habitantes y con una incidencia acumulada de 250 casos) añadir otras 43 ciudades, entre ellas Barcelona y gran parte de su área metropolitana, además de las capitales de provincia y poblaciones como Sabadell, Terrassa, Mataró, Figueres, Reus y Vic.

El TSJC deliberará el próximo lunes sobre la petición del Govern. La sala contenciosa ha recibido este viernes la demanda y la ha trasladado al Ministerio Fiscal, "ya que son medidas que afectan a derechos fundamentales".

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Queda, pues, un largo fin de semana (como mínimo) por delante y la cata de la pasada noche, con amplios desalojos en Gràcia y Ciutat Vella, ha encendido ya algunas alertas en las administraciones y hasta en sectores económicos interesados, como el del ocio nocturno que vuelve a pugnar por su reapertura, después de que el 8 de julio, a la vista de la subida estratosférica de los contagios, se decretara de nuevo su cierre, tras haber reabierto el 21 de junio.

La nueva petición de la Generalitat, como suele ocurrir en estos casos, siempre sufre por las costuras. Así, por ejemplo, en la nueva lista se han incluido municipios turísticos como Cambrils, Salou y Palafrugell, que tendrían toque de queda si el TSJC lo acepta y, por ende, activaría una nueva ola de ocio trashumante hacia las localidades vecinas, más pequeñas y con menos recursos, pero sin retreta. En las últimas semanas han sido varias de estas localidades, como Altafulla y Calonge, las que, tras sufrir la 'invasión' de la muchedumbre ávida de ocio nocturno, han demandado que no se convirtiera su territorio en un oasis lúdico.