Crisis social postcovid

Una de cada cuatro entidades sociales, en números rojos

  • Un estudio de la Confederació del Tercer Sector denuncia que un gran número de entidades sociales ha asumido pérdidas debido a la pandemia

  • Las entidades que sufren la falta de recursos gestionan servicios públicos, como residencias o centros de menores

Un residente de la fundación Estimia, afectada por sobrecostes debido a la pandemia del coronavirus

Un residente de la fundación Estimia, afectada por sobrecostes debido a la pandemia del coronavirus / Ricard Cugat

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

Escribe desde Barcelona

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A pesar de gestionar servicios públicos, y por lo tanto financiados por la administración, una de cada cuatro entidades sociales en Catalunya cerró el año 2020 con pérdidas económicas. Lo dice un estudio de la Confederació de Entidades del Tercer Sector que, además, señala que en 2021 la tendencia sigue por el mismo camino: el 70% de las entidades encuestadas sigue asumiendo importantes sobrecostes mientras que a un 51% no le cuadran las cuentas. Esta patronal del tercer sector lamenta la falta de ayudas públicas para afrontar este dineral, y advierte de que muchas entidades han tenido que asumir con préstamos o donaciones privadas los costes de los servicios que prestan. Entre ellos se cuentan residencias o centros de menores en riesgo social.

"Nosotros hemos aguantado porque hemos tenido donativos privadas, subvenciones de bancos... y hemos podido cerrar sin pérdidas. Pero somos una excepción, creo que hemos tenido mucha suerte", cuenta Marc Enrich, gestor de la fundación Estimia que, entre otros servicios, gestiona una residencia para personas con discapacidad en Barcelona. En 2020, sólo en la residencia, tuvieron que asumir un coste extra de 50.000 euros. "Hubo un brote de coronavirus: una decena de profesionales tuvieron que ir a su casa y nos tocó contratar a más personal, pero sobretodo el gasto importante fue en el material", asume Enrich.

Mascarillas y oxígeno a precio de oro

Un material que, por aquel entonces, ni era fácil de encontrar, ni era barato. "Al principio usábamos las bolsas de basura o las sábanas como EPIS para protegernos del virus", recuerda el gestor que, durante la crisis pandémica, se trasladó hasta el despacho de la residencia. Tocó reforzar la limpieza de la residencia con más personal, compraron bombonas de oxígenos para los enfermos que contraían el virus y no eran derivados al hospital, además de mascarillas o trajes de protección a un precio que se llegó a triplicar respecto al que es hoy.

Enrich, además, asume que las medidas restrictivas de la pandemia ya están suponiendo un coste para 2021, y señala que debería ser mayor en 2022. "Hay que reforzar la plantilla con fisios, psicólogos, además de hacer muchas más actividades y excursiones porque muchos de nuestros usuarios se han tenido que encerrar... y tienen graves secuelas en la salud mental que hay que tratar", cuenta. Es fácil de ver cuando uno entra dentro de la residencia y habla con los internos. Paca, una mujer que se mueve con silla de ruedas y que tiene una discapacidad intelectual y implora salir al aire libre o ir al psicólogo mientras se sumerge en las vistas de su ventana. "Por favor", pide.

"Lo cierto es que la Generalitat no nos pagará un psicólogo, no consta en las ratios", le responde Enrich. Si lo contratan, lo tendrán que seguir haciendo con estas donaciones privadas. Ellos, en el fondo, son el caso positivo. El 25% de las entidades sociales están en graves apuros económicos y, por supuesto, no podrán costearse estos servicios extra y tan necesarios que plantea el gestor.

Situación previsible

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"Lo grave es que estaba cantado que pasaría", se queja el presidente de La Confederació, Joan Segarra. Según un estudio del sector, una de cada cuatro entidades sociales cerró con pérdidas el 2020, y en 2021 los costes extras siguen sumando. El 71,5% de las entidades sociales hoy siguen con gastos extras que no pueden asumir, de media 8.313 euros al mes, y la mitad de ellas pierden, cada mes, una media de 16.359 euros.

"Lo que no puede ser es que nos estemos endeudando para mantener ciertos servicios públicos. Es importante que las entidades sociales los gestionen, pero si la administración no revisa ni mejora su financiación llegarán los bancos, los fondos de inversión y las grandes constructoras y se harán cargo de los servicios para los más vulnerables", avisa Segarra.