"Es una vergüenza democrática": los familiares lamentan el posible cierre de la investigación de los geriátricos

En la residencia Bertran Oriola, en el barrio de la Barceloneta, el reguero de muertes empezaron el 6 de abril de 2020. A finales de mayo se contaban 42 fallecimientos de residentes. Una de ellas, la madre de Enriqueta López. "Mi madre murió porque se atragantó con la comida: otros murieron llagados, deshidratados... Murieron porque no había personal que les atendiera, por dejación de funciones", explica la hija. Ella, como tantos otros familiares, piden explicaciones a los políticos, necesitan saber qué ocurrió dentro de los centros y por qué. Esperan que su dolor, al menos, sirva porque una hecatombe de estas características no se vuelva a repetir jamás. "Es una vergüenza democrática, con todas las letras, que el Parlament no quiera investigar qué es lo que sucedió allí dentro", exclama María José Carcelén, portavoz de la coordinadora de residencias 5+1, que agrupa muchos familiares de alrededor de Catalunya.

"¿Cómo que no se hace la comisión de investigación? Me acabas de dejar muerta, esta es otra puñalada, como si me volvieran a matar a mi madre... Pensaba que esta vez nos harían caso.", lamenta, sorprendida, López. Ella, como la cuarentena de familiares de la plataforma del centro de la Barceloneta, necesitan respuestas. Necesitan saber quién dictó la orden, quién dijo que no se atendía a los ancianos. Por qué su residencia, al enfermar los trabajadores del geriátrico, no contrató más personal para hacerse cargo de sus familiares. Lo han intentado por la vía judicial y siempre se archiva. Solo lograron que el Govern cambiara los gestores del centro el pasado verano. Pero fue demasiado tarde.

"Hay que hacer rendir cuentas a nuestros gobernantes, que nos expliquen lo que hicieron mal, que den la cara con transparencia... ¡Han muerto cientos de personas en condiciones indignas! ¡Nos merecemos saber qué ha pasado!", exclama Carcelén. "Los políticos estaban al frente de la gestión de las residencias y deben explicarse a la ciudadanía. Es un ejercicio de higiene democrática", se queja.

Opinan lo mismo la asociación Els Estels Silenciats, otra agrupación de familiares que, de hecho, fueron unos de los promotores de esta comisión de investigación. "Es evidente que hay que construir un nuevo modelo de residencias, el actual está podrido... pero no se puede hacer sin saber qué falló. Las consecuencias de la primera y la segunda ola en las residencias fueron muy graves, y que no quieran investigar el asunto es querer esconderlo", se queja Víctor Echaniz, portavoz de la plataforma. "Si no sabemos qué ocurrió, si no depuramos responsabilidades, este nuevo modelo nace con los cimientos agrietados", insiste. "Y se puede repetir cuando se colapsen de nuevo los hospitales", aventura.

Palabras como desprecio, desfachatez, indignidad, cinismo o engaño resuenan en las conversaciones con los familiares al referirse a la clase política que ahora da carpetazo al asunto. La nueva 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera, no se ha reunido apenas con ninguna asociación. "Nos duele, porque para reunirse y pactar los protocolos y las medidas con los empresarios del sector sí que tiene tiempo", se queja Carcelén, que ya ha pedido varios encuentros con Cervera. "Volvemos a un Govern que se aleja de las familias, de los ancianos y de las personas, y solo piensa en los empresarios", insiste. También Echaniz afea esta preferencia de decidir las medidas de protección en los centros sin contar con los familiares ni los trabajadores, víctimas de una precariedad crónica y la escasez de personal. Mientras, las familias, que no se pudieron despedir de sus allegados, ni tan siquiera participar en los entierros, hacen el duelo como pueden. "Y los políticos, como si aquí ni hubiera pasado nada, si como esto no fuera con ellos", señalan las asociaciones.

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