Fiscales de 22 países se unen contra la corrupción que posibilita la trata de mujeres

La lucha contra las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es muy difícil porque las víctimas pocas veces se atreven a denunciar y mucho menos los testigos o clientes. Y, en este caldo de cultivo, policías, empleados públicos o técnicos municipales juegan a veces un papel fundamental porque facilitan la actividad o fomentan su ocultación, a cambio de cobros periódicos de dinero o de favores sexuales de las víctimas explotadas. Esta situación ha llevado a 22 fiscalías de América Latina, uno de las regiones con más corrupción vinculada a la trata, a unirse para dar la voz de alarma, aumentar la cooperación y pedir a la ciudadanía y a las instituciones que no toleren ni amparen ningún tipo de explotación sexual.

Con motivo, el próximo 30 de junio, del Día Mundial contra la Trata, fiscales de Paraguay, Argentina o Perú protagonizan varios vídeos en los que explican las diferentes tipologías de connivencia entre empleados públicos y proxenetas, ejemplos concretos que han encontrado en sus investigaciones sobre las redes de trata y la “frustración” que sienten cuando “un operativo se trunca porque los tratantes son alertados y las víctimas ocultadas”, según explica la fiscal peruana Rosario López, en uno de los espots, que serán difundidos en redes sociales y en páginas de internet.

La campaña divulgativa ha sido fruto del trabajo emprendido por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el programa EUROsociAL+, financiado por la UE, que hace tres años iniciaron una colaboración con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos destinada a reducir el impacto de la corrupción en la vida de las mujeres, y una de las mayores huellas es en la trata de personas.

Tirar del hilo

“Vimos que sin la participación activa de los funcionarios públicos es difícil que las estructuras criminales se fortalezcan y, por eso, decidimos fomentar que la red de fiscales contra la corrupción y la red de fiscales contra la trata trabajen juntos esta problemática”, explica Borja Díaz, responsable de la acción de EUROsociAL+ mujer y corrupción. Según su experiencia, a nivel local se trata de prácticas “invisibilizadas”, de ahí que sea importante que las dos redes de fiscales cooperen, tiren del hilo y vayan subiendo peldaños hasta detectar los vínculos entre las organizaciones criminales y los poderes económicos.

Apenas hay datos de cuantas mujeres y niñas son víctimas de trata para la explotación sexual. En la campaña se plasma la cifra 1,7 millones de víctimas cada año. Y tampoco hay buenas estadísticas sobre acusados de corrupción. Si bien, en Argentina de las 1.796 denuncias recibidas en una línea de ayuda, 110 manifestaron algún tipo de complicidad de un empleado público.

Casos concretos

Díaz relata que en dicho país una niña paraguaya, que logró escapar de la prostitución, relató que un policía local fue quien le devolvió a sus captores para que siguieran explotándola. O una niña embarazada con sífilis que confesó en el hospital que había sido prostituida y que tenía miedo a denunciar porque frecuentemente acudían al local policías.

Y es que se han detectado casos de empleados que falsifican documentos de identidad para hacer pasar a niñas por adultas. O vigilantes que facilitan que los proxenetas crucen ilegalmente a personas en las fronteras. O técnicos municipales que otorgan licencia de hostelería a un prostíbulo. O incluso miembros de los operativos de control que levantan actas con datos y testigos falsos para encubrir los negocios. Y así una larga lista de ‘manzanas podridas’   que demuestran que “para combatir las redes de trata también hay que combatir la corrupción de funcionarios públicos que la hacen posible”, según subraya en la campaña el titular de la fiscalía anticorrupción de Argentina, Sergio Rodríguez. 

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