El TSJC cita a Torrent el 15 de septiembre como imputado por presunta desobediencia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citado como imputado para el 15 de septiembre al expresidente del Parlament y ahora 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent, para declarar por presunta desobediencia por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al 'procés' en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC). El mismo día también declararán los compañeros soberanistas en la Mesa de la Cámara durante la pasada legislatura: Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC).

En un tuit, Torrent ha lamentado la citación y ha sostenido que "la maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión". Según el 'conseller', "el Parlament es el templo de la palabra y del debate", por lo que "intentar censurarlo es un grave error que va en contra de la democracia". El 'president' Pere Aragonès, por su parte, ha criticado la "judicialización del debate parlamentario". 

El TSJC admite la querella de la fiscalía contra Torrent por desobediencia

El alto tribunal admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Catalunya en marzo del 2020, al estimar que los hechos que detalla la acusación pública presentaban "a priori una apariencia delictiva", si bien advertía de que, con su resolución, no asumía ni daba por supuestas "en absoluto" sus valoraciones. Ha sido la magistrada instructora María Eugenia Alegret quien ha decidido citar a los dirigentes soberanistas.

Antes de la interposición de la querella, el TC acordó por unanimidad requerir a la fiscalía que estudiara si Torrent y sus compañeros de la Mesa habían cometido un delito de desobediencia por admitir la tramitación en el Parlament de dos resoluciones, en octubre de 2019, en las que se reivindicaba el derecho a la autodeterminación y se reprobaba al Rey. Ambos textos fueron recurridos por el Gobierno.

Advertencia expresa a la Mesa

El TC consideró entonces que estas resoluciones de la Cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre anterior en la que el Parlament proclamó el inicio del 'procés'. El alto tribunal advirtió expresamente a la Mesa de que debía abstenerse de realizar cualquier actuación referente a estas mociones en los apartados anulados.

Según la fiscalía, el 22 de octubre de 2019, los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y CUP registraron en la Cámara catalana una propuesta de resolución en la que se volvía a reivindicar la "defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político".

La acusación pública precisa en su querella que "pese a las expresas advertencias de la ilegalidad" realizadas por el secretario general del Parlament y la oposición de los restantes miembros de la Mesa, los investigados acordaron admitir el texto a trámite "a sabiendas de lo ordenado y apercibido" por el TC. Lo mismo ocurrió cuando se aceptó tramitar a otra resolución en la que se reiteraba la "reprobación de la monarquía".