Miles de millones para evitar los juicios por la sobredosis de opioides en EEUU

La pandemia de coronavirus y la ubicuidad del fentanilo han transformado la epidemia de adicción que hace dos décadas empezó a sufrir Estados Unidos pero la justicia está dando aún pasos para hacer rendir cuentas a los responsables de poner en marcha esa adicción que ha alcanzado dimensiones trágicas en el país, con más de 500.000 estadounidenses fallecidos en dos décadas. Esta semana tres de los mayores distribuidores de opioides y la farmacéutica Johnson & Johnson han alcanzado un acuerdo con los fiscales generales de varios estados por el que desembolsarán 26.000 millones de dólares para resolver unas 3.000 demandas judiciales.

Para que el acuerdo se aplique tendrán que darle el visto bueno una mayoría de las autoridades estatales, de condados y municipales que presentaron esas demandas (las comunidades tribales están negociando un pacto independiente). Si lo hacen, el dinero, menos 2.000 millones que irán a abogados privados, empezará a llegar a programas de tratamiento, prevención, educación y a cubrir otros costes de la pandemia.

Los grandes distribuidores (McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen), desembolsarán 21.000 millones en 18 años y establecerán un mecanismo por el que seguirán y harán públicos los datos de los envíos que hacen de los opioides, un mecanismo creado con la idea de que salten las alarmas cuando hay órdenes desmesuradas. Johnson & Johnson, que ya detuvo voluntariamente el año pasado la venta de píldoras para el dolor y pagará 5.000 millones en nueve años, tendrá ahora prohibida la producción, promoción y venta de opioides.

Lo que no se logrará es que ni unos ni otros, que quedarían exentos de nuevos litigios civiles, acepten que hicieron nada mal. La farmacéutica, por ejemplo, insistió en un comunicado tras el anuncio del acuerdo el miércoles en que su publicidad de sus parches de fentanilo fue “apropiada y responsable”.

Pese a este acuerdo quedan miles de demandas más pendientes contra otros actores, incluyendo otras farmacéuticas, cadenas de farmacias y distribuidores más pequeños, que también están negociando sus acuerdos. Por ejemplo, Purdue, la empresa de la familia Sackler que puso en marcha la demoledora rueda de la adicción a los opioides con el OxyContin, ha sumado recientemente a 15 estados reticentes a un principio de acuerdo por el que evitaría su juicio con 4.300 millones de dólares. Los Sackler, cuya fortuna creció por sus adictivos fármacos hasta los 11.000 millones de dólares, tampoco admitirían haber hecho nada mal y tendrían inmunidad ante futuras demandas por lo civil. La viabilidad de ese pacto, no obstante, está en entredicho y hace unos días el Departamento de Justicia condenó el potencial acuerdo y denunció el uso torticero de las protecciones de las leyes de bancarrota para la compañía.

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