Cinco ecuaciones a resolver por el ministro Albares

Diez Ministros y Ministras de Asuntos Exteriores han convivido y gestionado la cooperación internacional bajo el mandato de la Ley 23/98. Cuando termine la presente legislatura, 25 años de España como actor de la cooperación internacional habrán estado bajo el paraguas de esta norma.

En este sentido uno de los puntos del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos recogía tres cuestiones fundamentales:

• El Gobierno trabajará para fortalecer la influencia de España en organismos e instancias internacionales y la usará para contribuir a la creación de un mundo más justo, próspero y sostenible.
• Incrementaremos los recursos presupuestarios hasta situarnos en el 0,5% de la RNB a final de la legislatura, destinando el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la ayuda humanitaria.
• Fortaleceremos la AECID y reformaremos la Ley de Cooperación española, para facilitar la aplicación de las subvenciones, la mayor coordinación con todas las administraciones y la máxima implicación de todos los agentes públicos y privados.

Estos tres elementos solo son posibles, alcanzables y sostenibles a través de una profunda y extensa reforma del sistema de cooperación y de acción humanitaria. No hay atajos ni tampoco es posible operaciones de maquillaje.

No se trata tampoco de controlar el mayor o menor descontento del tradicional sector de la cooperación. Se trata de hacer política y de tomar decisiones que seguro que algunos puntos no recogen el respaldo de la mayoría. Una acción política consistente en elevar la cooperación internacional como parte esencial de nuestra definición de país para las próximas décadas y que, a su vez, sea una parte esencial de nuestros intereses generales y de nuestra acción exterior. No es un asunto de las ONG, ni de tener unos mínimos para poder pasear esta política como aderezo ocasional de las relaciones bilaterales o multilaterales de España. Tampoco es el decorado amable que en ocasiones acompaña ciertos viajes oficiales.

Es precisamente sobre lo que no es y sobre lo que debe ser este proceso de reforma, tan necesario como urgente, en lo que se ha trabajado intensamente en este primer semestre de 2021. Por un lado, la Subcomisión del Congreso de los Diputados que publicó su informe para estas reformas el pasado 29 de junio y, por otro, los dos informes del Consejo de Cooperación para la reforma del sistema de cooperación, por un lado, y de la acción humanitaria, por otro.

Si el acuerdo de Gobierno señala con claridad el qué se quiere conseguir, el Gobierno ya tiene un extenso y, en mi opinión, sólido paquete de cómo puede hacerlo. La profundidad y alcance de los dos informes del Consejo de Cooperación sobre las opciones de reforma son una detallada agenda reformista. Es cierto que los cambios no son el mejor escenario para impulsar reformas de fondo, pero el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación procede de la cantera de la cooperación. Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y Subdirección General de Cooperación con África de la AECID vieron darle sus primeros pasos en su carrera como diplomático, que ahora han terminado en la cumbre. Queda por despejar en próximos meses el nivel de implicación del presidente del Gobierno en estas reformas. Hay nudos y rotondas que, de no contar con su implicación, o no podrán deshacerse o el rumbo seguirá siendo el mismo. Por último, queda por ver la fuerza política de los partidos de la coalición progresista en empujar para que las reformas lleguen a la cúspide del Gobierno como garantía de la profundidad y alcance de las reformas.

Los cinco retos

Hay cinco ecuaciones imprescindibles que el Gobierno en su conjunto y en especial el ministro Albares tienen que resolver en este proceso de reformas. No se pueden solventar por separado, y de hacerlo estaremos una respuesta que no responde a los intereses generales que conlleva la política pública de cooperación.

La primera ecuación es situar en el BOE una definición ambiciosa que consolide a la política pública de cooperación, su misión valores y principios como parte imprescindible de nuestra definición de país, internamente y ante la comunidad internacional, sus organismos internacionales y de nuestra acción exterior.

La segunda ecuación tiene que ver con el desmantelamiento de los intereses ministeriales (de parte) para construir una unidad de interés general, que de forma resumida; es la contribución de España a la Agenda 2030 en países, regiones o temáticas, en torno a una misma política pública. Si todos los instrumentos contribuyen a los mismos objetivos, integrar estos instrumentos en una misma gobernanza no es una opción, es una obligación. Nuestras políticas y recursos hacia y con organismos multilaterales de desarrollo, bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales, agenda de cambio climático o subvenciones a ONG, no pueden seguir operando cada una bajo un sistema operativo diferente. Tampoco puede seguir ocurriendo que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda.

La tercera ecuación tiene que ver con la flexibilidad, agilidad y previsibilidad de los instrumentos. Un centro de día para personas mayores en Albacete gestionado por una entidad privada no puede gestionarse bajo las mismas normas que el apoyo de España a un centro de tratamiento y prevención de la malnutrición infantil severa en Mali. Ambas intervenciones definen el país que somos y que aspiramos a ser, pero necesitan instrumentos diferentes. Lo mismo cuando el sector privado y el público quieren trabajar juntos que esto no sea posible. Ensanchar el espacio de las alianzas y de la colaboración es una obligación urgente. Por ello tanto la Ley General de Subvenciones 38/2003 y la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público tienen limitaciones importantes para que España pueda ser un verdadero actor de la comunidad internacional en cooperación internacional y acción humanitaria. Si bien algunos Reales Decretos de 2006 y 2010 resolvieron algunas limitaciones la realidad es que son sus propias normas las que ahogan la política pública. De poco servirá una reforma de la política si las mismas sogas siguen rodeando su cuello.

La cuarta ecuación se refiere al alcance y forma en la que el Gobierno quiere incorporar el mandato humanitario de salvar y proteger vidas humanas en peligro y a aliviar el sufrimiento de las mismas en su política pública. En mi opinión pocas cosas nos ayudarán a ser un mejor país que nuestro BOE recoja este mandato humanitario de forma precisa y extensa. El importante compromiso de destinar el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la ayuda humanitaria sería ineficaz sino se acompaña de una incorporación del mandato humanitario como un eje fundamental de la definición de España como país en la escena internacional. 

Por último, la quinta ecuación se refiere a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) como centro de gravedad de la política pública del presente y del futuro. Resolver esta ecuación y no atender las cuatro anteriores nos llevaría a una suma cero. Nos dejaría en el mismo sitio en mejores condiciones, pero con mismo rumbo. Si hay una firme determinación de convertir a la política pública de cooperación internacional en elemento que nos define como país fuera y dentro de nuestras fronteras, no existe margen para que una refundación de la AECID y un gran fortalecimiento de la misma no tenga lugar. Una AECID bloqueada por sus propias normas que no puede regularizar a su capital humano, ahogada en gestión de expedientes por normas impuestas por terceros, que no puede conservar ni atraer capital humano por unas vergonzosas diferencias de condiciones con otras Agencias y que depende en parte muy importante para sus logros de esfuerzos titánicos individuales de sus funcionarios/as, hace que no es posible reforma del sistema sin que la AECID resuelva sus retos y desafíos.

En definitiva, ojalá el Gobierno interprete adecuadamente la trascendencia de la reforma. También que interiorice políticamente la oportunidad de que sea un Gobierno progresista quien impulse esta reforma. Ojalá por un lado el principal partido de Gobierno, el PSOE, haga suya esta bandera y sea capaz de sumar a una amplia mayoría política. Son los valores de la solidaridad internacional donde siempre se han visibilizado de forma más nítida e ilusionante los contrastes de la mejor opción de país y sociedad que somos y podemos ser.