Preocupación en Europa: la mayoría de delitos de odio quedan impunes

“Maricón de mierda”. Eso es lo que Samuel Luiz Muñiz, el joven de 24 años brutalmente asesinado este sábado en A Coruña, tuvo que escuchar mientras un grupo de personas lo golpeaban. Tres semanas antes, Younes Bilal fue abatido a tiros en Murcia por defender a una camarera, acosada por un exmilitar español que le increpó por “juntarse con moros”.

Las palabras importan, pues definen los hechos. Y los insultos mortales vertidos recientemente en España exponen una preocupante realidad para todo el continente: los crímenes de odio y la creciente normalización de los discursos políticos contra los más vulnerables. Mujeres maltratadas y asesinadas, musulmanes y judíos acusados y homosexuales perseguidos por ser, sencillamente, quienes son.

Y es que, según un informe publicado este miércoles por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA), esos colectivos "experimentan violaciones de sus derechos fundamentales”. En Hungría, por ejemplo, el Gobierno ha prohibido hablar de identidad sexual y de la comunidad LGTBI en las escuelas. Mientras que el 9% de la población general afirma haber sido víctima de un ataque en los últimos cinco años, la cifra se dispara al 22% entre las minorías étnicas, al 19% entre los homosexuales y al 15% entre los inmigrantes.

Crímenes impunes

El repunte de la retórica ultranacionalista y de las agresiones machistas, homófobas y racistas alarma a la Unión Europea (UE), especialmente porque, en la mayoría de ocasiones, quedan ocultas y sin denunciar, lo que permite la "impunidad de los criminales”. Entre el 51% y el 79% de los ataques no son denunciados, un porcentaje mucho mayor cuando se trata de acoso, según los datos del informe.

¿Por qué no llevar eso a los tribunales? La razón es que las víctimas están convencidas que hacerlo no servirá de nada, pues no confían en la justicia y la policía e incluso temen represalias de los cuerpos policiales. “No solo es por el miedo a reabrir el trauma sino porque quien cuida de las ovejas es el lobo”, denuncia Rubén Serrano, periodista y autor de ‘No estamos tan bien’, libro sobre la violencia contra la comunidad LGTBI en España. “La policía no está formada en diversidad sexual ni de género”, señala, algo que demuestra el asesinato de Samuel, donde los insultos a la víctima no han sido suficientes para que las autoridades vean un caso de homofobia.

Víctimas estigmatizadas

La UE alerta que solo se denuncian un 14% de las agresiones machistas, una cifra “particularmente baja”. “Hay leyes para defender a las mujeres, pero si no hay educación entre los profesionales solo basta con que el juez falle para vulnerar la protección de la víctima y condicionarla de por vida”, lamenta Ana Bernal-Triviño, periodista y profesora de la UOC. Más de un tercio de las mujeres europeas mayores de 15 años han sufrido violencia física o sexual.

Sea en casos de violencia patriarcal, racista o homófoba, las víctimas cargan con el estigma de la sospecha, a un “juicio constante” y a tener que justificarse. “Hay un gran sentimiento de soledad, son las organizaciones las que dan apoyo emocional y jurídico a las víctimas para sacar los casos adelante”, explica Serrano.

Esa desconfianza en la justicia se acentúa cuando, por ejemplo la Audiencia de Madrid dictamina que el cartel de Vox contra los menores inmigrantes no acompañados no vulnera sus derechos. “Los magistrados no están exentos de ideología”, apunta Bernal-Triviño.

El temor a la policía también se da entre subsaharianos, marroquíes y gitanos, los tres grupos a quienes más se pide la documentación o se registra sin motivo sus pertenencias, según un informe publicado este enero por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE). “El antigitanismo está tan normalizado y extendido que no se denuncian muchos casos porque hay la sensación que en las comisarías no te tomarán en serio, y eso contribuye a normalizar el racismo institucional”, señala el politólogo y activista Jordi Perales. En el caso de refugiados e inmigrantes, al temor a ser deportados se suman problemas como el desconocimiento del idioma o del sistema judicial del país.

Violencia política

Esta oleada de violencia no sale de la nada, sino que viene alentada por el auge de fuerzas políticas de corte reaccionario, autoritario y neofascista. Consolidadas en el poder en países como Hungría o Polonia, han instrumentalizado el aparato del Estado para prohibir el aborto, limitar los derechos de los homosexuales, perseguir a los inmigrantes y a las oenegés humanitarias que las ayudan, suprimir la prensa crítica y secuestrar la justicia.

Pero no hace falta viajar al este de Europa para percibir las vulneraciones de derechos humanos de esas soflamas reaccionarias que, como apunta Serrano, buscan “volver al binomio amo-perro”. En España, Vox ha replicado esas políticas regresivas y ha descontextualizado las razones detrás de esos crímenes. “La extrema derecha nunca los aceptará porque sería aceptar que responden a una desigualdad estructural, y eso es lo que buscan apuntalar”, explica Miquel Ramos, periodista que estudia desde hace años los movimientos neofascistas patrios. “Los discursos de odio se aprenden, unos los normalizan desde la tribuna y otros los ejecutan”.

Este martes Vox publicó un mensaje en Twitter donde señalaba y animaba a sus seguidores a perseguir al presidente de RBA, la editora de El Jueves, porque la revista satírica había publicado un número mofándose del partido ultraderechista. Unos años antes, sus líderes instrumentalizaron el atentado terrorista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo para criminalizar a los musulmanes.

Aunque la UE muestra su preocupación por la falta de denuncias, muchos crímenes de odio han sido ignorados durante décadas por las instituciones. En 1993 el activista Guillem Agulló fue apuñalado en el corazón por un grupo de nazi-fascistas. Las Cortes Valencianas solo tardaron 23 años en reconocer su asesinato. La falta de documentación pública de esos casos la han tenido que cubrir proyectos como crimenesdeodio.info, que impulsa Ramos. Su ocultación, denuncia, no se explica sin el encubrimiento de ciertos medios de comunicación: “Han blanqueado esos crímenes porque para asumir que existe un problema hace falta identificar a culpables y cómplices”.