La 'ley sí es sí' mantiene el consentimiento como eje y será aprobada este martes

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuestionó que la ley de libertad sexual, conocida como 'ley sí es sí', introduzca en el Código Penal una definición de consentimiento expresa para que los jueces puedan determinar si un acto de naturaleza sexual es o no agresión, la ley mantendrá el consentimiento como eje de la norma, que será aprobada por el Consejo de Ministros este martes 6 de julio en segunda lectura.

La previsión es que la nueva norma "que sitúa a España a la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos" comience en septiembre su tramitación en el Congreso.

La ley se inspira en las múltiples y concurridas protestas feministas que hubo en las calles tras la primera sentencia de 'la Manada' de los San Fermines de 2016, cuando la Audiencia de Navarra condenó a los cinco agresores por abuso sexual y no por violación, una sentencia que corrigió después el Tribunal Supremo. Los eslóganes más repetidos del movimiento feminista fueron "no es abuso, es violación" y "sólo sí es sí", el nombre con el que popularmente se conoce a la norma.

Cambio en la definición

Si bien, siguiendo la recomendación del Consejo Fiscal, el Gobierno ha decidido cambiar la definición de consentimiento y expresar este en positivo (y no con una redacción en negativo): "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", en línea con lo marcado por el Convenio de Estambul en el artículo 36.2.

El modelo de consentimiento positivo ha sido implantado ya en otros países como Suecia o Gran Bretaña y supone que cuando la ley entre en vigor las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido intimidación o violencia. Todo acto sexual sin consentimiento será considerado agresión y desaparecerá, por tanto, la tipificación de abuso sexual del Código Penal.

La ley incorpora, además, un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las violaciones en grupo, el uso de armas o de otros medios peligrosos.

La explotación sexual

Asimismo, la norma recupera las penas para los dueños de los prostíbulos que el PSOE despenalizó en 1995 y que provocó que en España se multiplicaran los locales de alterne. Si bien, según fuentes de Igualdad, "se perseguirá" sólo "a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas".

Asimismo, prevé la creación de recursos para las víctimas de todas las violencias sexuales aunque no interpongan denuncia, como ya sucede con las víctimas de la violencia de género. De hecho, se crearán centros de crisis 24 horas, para los mayores de 16 años y casas de infancia o Barnhaus para la atención especializada de los menores.