La fiscalía pide a la policía endurecer el control de los patinetes eléctricos

La fiscalía ha requerido a las policías locales de toda España que endurezcan en las ciudades los controles de los usuarios de los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes eléctricos, y los ciclistas, intensificando la práctica de test de alcoholemia y de drogas. Los infractores solo serán multados administrativamente, pues la mayoría de estos artilugios no son considerados legalmente vehículos a motor. Sin embargo, si en un atropello por imprudencia se producen lesionados o un fallecimiento, ir borracho o drogado reforzará una acusación más grave y, por lo tanto, una pena de cárcel de mayor calado. 

El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha elaborado un dictamen, remitido a las fiscalías de toda España, en los que establece la unificación de criterios sobre patinetes eléctricos y otros aparatos similares, pero también sobre los falsos VPM, una clase de vehículos (algunos patinetes con asiento y motor cuya velocidad puede exceder los 25 km/h) que, a pesar del desconocimiento sobre ello, están catalogados como ciclomotor y con los que sí se pueden cometer delitos contra la seguridad vial, como la conducción bajo la influencia del alcohol y la droga, la temeraria o sin permiso. A raíz de este informe, el fiscal ha remitido un oficio a las policías municipales, que son las competentes en la materia, para proponerles una serie de medidas ante el aumento de accidentes provocados por los VMP. “Es un mensaje a la ciudadanía en una facultad de prevención”, explicó a EL PERIÓDICO Bartolomé Vargas.

El dictamen del fiscal hace hincapié en “el aumento en significativa progresión” de la circulación en las ciudades de los “verdaderos” vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, bicicletas con pedaleo asistido, 'hoverboard' o balance scooter, los 'segway' o 'airweel'), “lo que desde luego está en consonancia con el nuevo diseño de la ciudad bajo el modelo de la movilidad sostenible que debe fomentarse”.

Perturbación del bienestar

Pero al mismo tiempo, precisa Vargas, y “con el mismo índice de progresión”, se incrementa “la perturbación del bienestar e inseguridad de los ciudadanos”, al incumplirse, “en ocasiones de modo generalizado”, las normas viales, provocando un crecimiento de la siniestralidad, al menos, en ciertas ciudades. Según el fiscal, “de ese modo se perjudica y pone en serio peligro el modelo urbano hacia el que nuestro país y la Unión Europea avanzan paulatinamente”.

El dictamen detalla los vehículos cuyos usuarios serán solo multados administrativamente si cometen una infracción, así como a los que se les puede imputar un delito. El escrito esgrime que el objetivo es impulsar “el ejercicio con mayor rigor de las facultades de vigilancia policiales, controles de alcohol y drogas conocidos y visibles para la ciudanía, sanciones, inmovilizaciones y retirada y deposito” ante infracciones “generadoras de situaciones de riesgo”, como la conducción por zonas peatonales no permitidas o saltarse un semáforo en rojo.

Estos criterios, según el dictamen, deben tenerse en cuenta si se produce un “resultado lesivo”, como en los delitos de homicidio imprudente (sancionado con penas que van desde el año a los nueve años de cárcel) o lesiones imprudentes (que van de tres meses a seis años y nueve meses de prisión). De esta manera, en el caso de conducir un patinete eléctrico ebrio o drogado y arrollar a un viandante provocándole la muerte o lesiones se elevaría el grado de la pena, ya que la conducta se englobaría en una imprudencia grave, según fuentes de la fiscalía. Incluso, la inacción de los policías en supuestos de “intenso riesgo” en siniestros con heridos o fallecidos podría plantear una responsabilidad del agente.

La contratación de un seguro

En este contexto, el fiscal de sala apuesta por obligar a contratar un seguro a los conductores de estos vehículos, tanto de VMP como de bicicletas. “Se están produciendo situaciones conflictivas en las grandes ciudades”, asegura. El problema radica en que tanto usuarios como víctimas están desprotegidas si no hay una póliza que cubra daños e indemnizaciones. En este sentido, desde la fiscalía se impulsarán los contactos con la Dirección General de Seguros y Consorcio de Compensaciones de Seguros para encontrar fórmulas de cobertura de los siniestros provocados por estos vehículos y, en su caso, proponer las oportunas reformas legales. El no disponer de un seguro “puede ser una circunstancia a considerar para un mayor reproche penal”, insiste Vargas.

Además de la actuación en la vía pública, la fiscalía aborda el fenómeno de la comercialización indebida de estos vehículos desde el punto de vista sancionador y preventivo. Explica que se han detectado que muchos VMP circulan sin estar homologados y, por lo tanto, vulneran las normas reguladoras tanto a nivel español como europeo. Respecto a las bicicletas, también han constatado infracciones de la legislación en esta materia. Según Vargas, se comercializan con frecuencia para su uso en el ámbito urbano “sin ninguna cautela”, como si se tratara “de un balón de baloncesto”, estando al alcance de menores de edad.

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