El Sindicat de Llogateres denuncia un ataque contra el "derecho a la protesta"

El Sindicat de Llogateres ha denunciado "un ataque sin precedentes del poder inmobiliario y de la fiscalía", en relación a la petición de 9 años de cárcel en total a dos inquilinos, Alpha y Fran, en alquiler en la calle de Floridablanca de Barcelona y al portavoz del Sindicat, Jaime Palomera, por una protesta en relación a un caso de no renovación de contrato de alquiler y de "acoso inmobiliario". La organización ha exigido al Govern una "ley de alquileres" para evitar casos como el que han denunciado hoy, en el que los inquilinos denunciaron acoso inmobiliario y vieron cómo no se les renovaba el alquiler. "Se trata de una criminalización de la protesta", han asegurado Palomera, lamentando la "beligerancia" de la fiscalía, sin precedentes en la actividad de la organización.

El portavoz del movimiento ha añadido que existe una "curiosa coincidencia en el tiempo, por un lado nos llevan una ley al Constitucional [la de regulación de los alquileres aprobada en el Parlament] y por otro la fiscalía intenta criminalizar la defensa de derechos; el Gobierno no ha de poner palos en las ruedas, ha de permitir que millones de familias se puedan beneficiar en el resto del Estado, extendiéndola, que en su ley de vivienda blinde la ley catalana. Si una ley funciona, ¿por qué la tumbas?".

"Hemos cumplido, y ellos nos han estado envenenando, agua con plomo, caños de amianto rotos, plagas de termitas, y ahora nos estamos enfrentando a la querella, es momento de decir basta, tenemos derecho a una vivienda digna", ha afirmado Alpha en rueda de prensa. De hecho, los inquilinos y el Sindicat han denunciado al propietario por daños y perjuicios.

"Coacciones y violación de domicilio de persona jurídica"

Según ha explicado Palomera, pese a cumplir con sus obligaciones, los inquilinos vieron cómo el propietario, un gran tenedor, no les renovó el contrato. Tras la protesta para reivindicar su situación y reclamar "sentarse a hablar" para poder seguir viviendo en el edifico de la calle Floridablanca, 92 de Barcelona, y pese a poner una demanda por parte del Sindicat, la fiscalía pide tres años de cárcel por un "delito continuado de coacciones" y "violación de domicilio de persona jurídica", una petición superior a la de la acusación particular.

La protesta de los dos afectados se llevó a cabo, insisten, de forma pacífica ante una de las empresas de los propietarios. "No es delictivo manifestarse en un establecimiento", ha asegurado Anaïs Franquesa, abogada de la defensa. "Allí había periodistas, diputados y diputadas, que pueden acreditar cómo se llevo a cabo, y en cambio el juzgado ha optado por no admitir estos testigos", ha lamentado Franquesa. Otros seis inquilinos del inmueble también denunciaron a los propietarios por acoso inmobiliario dadas la situación de baja habitabilidad de los pisos.

El Sindicat también considera que el caso es paradigmático, porque un perito determinó que el inmueble no reunía las condiciones de habitabilidad por lo que el alquiler debía anularse. Además denuncian que se ha vulnerado la ley que obliga a los propietarios a ofrecer un alquiler social alternativo a inquilinos en situación de vulnerabilidad en casos como este, que consideran desahucios encubiertos. "Es un montaje sin pruebas que pretende hacer pasar la protesta pacífica del movimiento por un acto de violencia", ha lamentado Palomera, que ha enmarcado el caso en una persecución a la lucha de los inquilinos y la "desobediencia civil no violenta".