Polémica sobre la vía judicial del Estado contra la norma catalana

La 'conselleria' de Derechos Sociales critica el recurso del Gobierno contra la ley de alquileres

La 'conselleria' de Derechos Sociales critica el recurso del Gobierno contra la ley de alquileres

Begoña Fuentes / Acn

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Fidel Masreal
Fidel Masreal

Periodista

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El Departament de Drets Socials que ha pasado a dirigir Violant Cervera, de Junts per Catalunya, ha mostrado su sorpresa negativa ante la firme decisión del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de recurrir la ley catalana que regula los alquileres ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que supondrá automáticamente la suspensión de la ley. Según fuentes de la 'conselleria', se trata de una decisión sorpresiva, sin previo anuncio y que perjudicará a las familias que se beneficiaban de esta regulación en Catalunya. Fuentes de ERC en el Govern consultadas al respecto han mostrado prudencia a la espera de que se haga efectiva la amenaza del ministerio que dirige Miquel Iceta. Este viernes los partidos que firmaron a favor de la propuesta legislativa se concentrarán en el Parlament, junto al Sindicat de Llogateres, para mostrar su rechazo a las intenciones del Gobierno.

Según Drets Socials, el Gobierno y la Generalitat mantuvieron el pasado 3 de marzo una reunión en el seno de las comisiones bilaterales en la que se expusieron las discrepancias entre ambas administraciones. La central argumenta que la regulación catalana invade competencias de la administración del Estado mientras que la Generalitat defendió que el Código Civil catalán tiene base para emprender la regulación adoptada en el Parlament el pasado año.

Beneficios de la ley

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Según el Govern, la ley ha mostrado su eficacia a la hora de contener los precios "desproporcionados" dado que ha permitido evitar alzas de precios en más de 76.000 contratos desde la entrada en vigor de la norma en los 61 municipios considerados como área de mercado tenso, de un total de 99.000 contratos realizados.

La ley catalana contó en el Parlament con el rechazo del PSC, Ciudadanos y el PP, por razones competenciales y en algún caso también ideológica. Este segundo argumento es que utilizó también el PDECat, desmarcándose de JxCat, para votar en contra de la normativa, que fue el fruto de una larga y ardua negociación interna bajo los auspicios de las entidades sociales, en especial el Sindicat de Llogateres de Catalunya. Un pacto in extremis con JxCat (donde convivían posiciones enfrentadas) logró finalmente tirar adelante un acuerdo.