A las puertas del Orgullo

PSOE y Podemos aceleran la negociación de la ley trans pero persiste el choque

  • Moncloa está dispuesta a iniciar la tramitación en menos de dos semanas: que el Consejo de Ministros vea la ley LGTBI en primera vuelta el 15 de junio

  • El PSOE insiste en que ha de llevarse al Congreso un solo texto. Igualdad dice que avanza con Justicia en el "consenso" en dos leyes diferenciadas: trans y LGTBI

Activistas trans protestan a favor de la ley trans a las puertas del Congreso de los Diputados, el pasado 19 de mayo. 

Activistas trans protestan a favor de la ley trans a las puertas del Congreso de los Diputados, el pasado 19 de mayo.  / EUROPA PRESS / A. PÉREZ MECA

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Juanma Romero
Juanma Romero

Periodista

Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Patricia Martín
Patricia Martín

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Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

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El Orgullo LGTBI se acerca y aún no hay un acuerdo cerrado entre PSOE y Unidas Podemos para la ley trans. Las dos partes han acercado posturas, consideran que se han producido avances, pero el choque no se ha resuelto por completo. En la Moncloa inciden en que la última propuesta de Justicia, que avalan por completo, gozaba del consenso por parte del Ministerio de Igualdad, solo que en "el último momento" el equipo de Irene Montero dio "un paso atrás" y volvió a exigir que se tramiten por separado la ley LGTBI y la ley trans. La parte socialista del Ejecutivo se niega por una cuestión de "economía legislativa" y subraya que la norma podría llegar a una primera lectura en el Consejo de Ministros en menos de dos semanas. Mientras, Igualdad insiste en dos textos diferenciados y en la libre determinación de género. El conflicto, por tanto, sigue enquistado, mientras la presión de los colectivos y la cercanía de las celebraciones del Orgullo 2021 empujan a las partes a encontrar una vía de consenso.

Fuentes de la Moncloa indicaron a EL PERIÓDICO que la última propuesta puesta encima de la mesa por Justicia "avanza en los derechos de las personas LGTBI de manera bastante notable, en sintonía con la legislación más avanzada de nuestro entorno y con todas las garantías". "Estamos en disposición de iniciar la tramitación lo antes posible", abundaron. El anteproyecto podría ser estudiado, de hecho, el jueves de la próxima semana en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que preside la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para después ser analizado por el Consejo de Ministros en su reunión del 15 de junio. Esos son, al menos, los cálculos que hacen en la Moncloa, donde defienden que se alcanzó un "principio de acuerdo" con Igualdad, por lo que "no se entiende" y "sorprende" que sea Montero quien ahora dé marcha atrás. Justicia e Igualdad mantuvieron un largo encuentro el pasado miércoles para seguir aproximando posturas, tal y como adelantó 'elDiario.es'.

La ley trans es uno de los puntos de conflicto que arrastran PSOE y Unidas Podemos desde hace meses. Igualdad lanzó en febrero dos borradores, uno para la ley LGTBI y otro para la ley trans, dos textos que, como ya advirtieron en el entorno de Calvo en aquel momento, solo representaban las tesis de los morados. Los socialistas, encabezados por su secretaria de Igualdad y vicepresidenta primera del Ejecutivo, mostraron desde el principio su oposición a la libre determinación de género. Es decir, el cambio registral de sexo sin más requisitos que "la declaración expresa, de la persona interesada o de sus representantes legales". Calvo insistió en que hacen falta "garantías constitucionales", "calidad normativa" y "seguridad jurídica", porque las leyes de igualdad han sido tradicionalmente recurridas por la derecha ante el Tribunal Constitucional y no habría mayor decepción para el colectivo que una norma que fuera tumbada al cabo de los años y privara de derechos conquistados por un mal blindaje en su redacción.

La "casilla de salida"

En la parte socialista recalcan que debe haber "garantías" para el cambio registral, como testigos o una acreditación

La mano derecha de Pedro Sánchez ha venido subrayando que el cambio registral ha de ir acompañado de "garantías". Es decir, que igual que ocurre cuando se produce un nacimiento, sella un matrimonio o una persona fallece, es necesaria la concurrencia de testigos o una acreditación o certificado. Los socialistas también piden que se incluya algún elemento para garantizar una situación "estable" de transexualidad o la posible reversibilidad del paso que se ha dado. Además, el PSOE reclamó que los dos borradores se fusionaran en un solo texto, una ley LGTBI con un capítulo amplio dedicado a la transexualidad. Hacerlo así simplificaba los trámites, porque es más sencillo y corto aprobar una ley y no dos. Igualdad aceptó porque también los colectivos se habían mostrado de acuerdo.

La ministra Irene Montero recibe de manos de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la cartera de Igualdad, el 13 de enero de 2020. 

/ JOSÉ LUIS ROCA

Fuentes de la Moncloa recalcan que, desde febrero, tanto Calvo como dirigentes socialistas y Justicia se han reunido con los grupos que defienden los derechos de los transexuales y que se ha ido puliendo el texto, hasta el punto de que la última propuesta estaba "totalmente mejorada" e Igualdad "admitía las garantías". "Se trata de sacar adelante un texto que sea viable, eso es lo más importante", agregan.

Sin embargo, en la parte socialista creen que Montero "vuelve ahora a la casilla de salida". El pasado miércoles, en Bruselas, enfatizó ante la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, que la estrategia LGTBI del Ejecutivo de coalición "es enormemente ambiciosa" y que "sirve de referencia para España en la tramitación de las leyes que forman parte del acuerdo de Gobierno", particularmente la ley trans y la ley LGTBI. Es decir, que regresaba al esquema de dos textos diferenciados. En la Moncloa rubrican que no aceptarán de nuevo la discusión para tramitar dos textos y que no comparten ni compartirán la libre determinación de género, pues esta ha de contar con "garantías". Los socialistas sí comparten la despatologización de la transexualidad: es decir, que no se requiera un tratamiento hormonal o quirúrgico previo o una certificación médica, ya que no se trata de ninguna enfermedad.

"Todavía no hay fecha para sacar la ley porque se sigue trabajando en el acuerdo", esgrimen desde el equipo de Montero en Igualdad

Desde Igualdad se reconoce que hay "reuniones y se está realizando un gran esfuerzo por parte de los equipos de Justicia e Igualdad para tener la ley trans y la ley LGTBI antes del Orgullo, como dijo la ministra, para que vaya lo antes posible al Consejo de Ministros, aunque todavía no hay fecha porque se sigue trabajando en el acuerdo". Las fuentes próximas a Montero sostienen que hay "consenso" entre los equipos negociadores de Justicia e Igualdad para que la "ley integral trans garantice la despatologización y la libre determinación de género". Este último punto es el que los socialistas no comparten en absoluto, como tampoco el desdoblamiento en dos textos. Montero ha pedido regresar al llamado consenso de 2019, cuando el PSOE sí apoyaba la autodeterminación de género.

Que el PSOE "no sea invitado"

Fuentes del Ministerio de Justicia, coproponente de la norma con Igualdad, se limitan a explicar a este diario que "se está construyendo" la ley -no se precisa si una o dos-, "la mejor de las opciones". "Estamos comprometidos con el Gobierno, esto es, tanto con la Vicepresidencia Primera como con Igualdad, y nada está cerrado. Somos responsables de que la parte técnica sea correcta. Lo importante es seguir trabajando para sacar la mejor de las regulaciones posibles, pero no sabemos si nos dará a tiempo a tenerla lista antes del Orgullo", que se celebrará el 28 de junio. En el equipo del ministro Juan Carlos Campo recuerdan que cualquier aportación que se introduzca es revisada y trabajada "en detalle" durante días.

Justicia se limita a expresar que está trabajando por la "mejor de las regulaciones posibles"

La presión ambiental es máxima. Queda menos de un mes para el Orgullo y los socios del Ejecutivo se exponen a llegar a él con este melón abierto. Para el PSOE, además, es una cuestión especialmente incómoda. El partido de Sánchez se ha preciado siempre de ser el abanderado en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y ahora lo tiene enfrente.

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este 4 de junio en València. 

/ EFE / BIEL ALIÑO

De hecho, el pasado lunes 76 organizaciones en defensa de los derechos de las personas trans y LGTBI enviaron una carta a los organizadores de las fiestas del Orgullo en Madrid (COGAM y FELGTB), en la que les piden que el PSOE "no sea invitado" a la manifestación si antes "no ha levantado el bloqueo" a la tramitación de la ley trans que promueve Igualdad, informa Europa Press. Los socialistas ya se encontraron con fuertes críticas el mes pasado cuando, con su abstención, impidieron que el pleno del Congreso tomara en consideración la proposición de ley de la oposición impulsada por ERC y el Grupo Plural, que era muy similar al borrador de Montero. Al día siguiente, 1 de junio, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, recordó el compromiso histórico del PSOE con los derechos de las personas LGTBI y por tanto "apartarlo de esa lucha" no sería "ni justo, ni inteligente".