Más inversión, concienciación y detección sanitaria: las recetas frente al repunte machista

El comienzo de la emisión en 'prime time' de la larga entrevista a Rocío Carrasco trajo un halo de esperanza en la lucha contra la violencia machista. Las llamadas al teléfono 016 crecieron un 61%, aumento que la Delegación del Gobierno achacó al impactante testimonio de la hija de Rocío Jurado. La ilusión duró poco, porque el mes de mayo ha dejado en toda España un reguero de asesinatos machistas: han fallecido siete mujeres, una de ellas embarazada y el hijo de una de ellas. La última incorporación de este recuento se ha añadido este martes el nombre de Nicoleta Clara, de 42 años, asesinada en Alovera (Guadalajara) el pasado sábado.

Los siete asesinatos de este negro mes de mayo en España rompen la tendencia a la baja en el número de víctimas mortales que comenzó en 2020 y que todos expertos e instituciones achacaron al confinamiento y las restricciones de movilidad, que facilitaron a los maltratadores un mayor control sobre sus víctimas. Ese 2020 hubo 48 asesinatos, la cifra más baja desde 2003. A estas alturas del año se habían producido ya 18 víctimas, frente a las 15 de este año, uno de los registros más bajos de la serie histórica.

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No obstante, la concatenación de crímenes ha hecho saltar las alarmas y el Ministerio de Igualdad ha convocado de urgencia el pacto de Estado contra la violencia de género y ha pedido a sus integrantes que hagan un diagnóstico sobre qué puede “estar fallando”. Para, a partir de ahí, impulsar un “plan de modernización de las herramientas”. Hay que tener en cuenta que tres de las 15 víctimas habían denunciado y, aun así, las instituciones no supieron protegerlas. Y preocupa también que el 78%, un porcentaje similar al de años anteriores, no acudió a la justicia en busca de ayuda.

El ámbito sanitario

Para llegar a estas mujeres que desconfían del sistema, el exdelegado contra la violencia machista Miguel Lorente, en declaraciones a EL PERIÓDICO, propone mejorar la detección en las consultas, porque las víctimas del maltrato acuden con frecuencia al sistema sanitario. Para ello, plantea aumentar la formación de los profesionales, que trabajen con protocolos de detección y que puedan derivar a especialistas en violencia machista, que trabajen en los centros de salud, los casos más complejos.

Lorente reclama además más “concienciación y educación” para que la sociedad deje de “normalizar” que se produzcan unos 60 asesinatos machistas al año, el 20% de los homicidios de toda España. Y es que, según la encuesta del CIS del pasado abril, solo el 0,3% de los españoles consideran esta lacra como uno de los principales problemas del país, un porcentaje que ha bajado en los últimos dos años, según Lorente, por la llegada de los “mensajes negacionistas” de Vox a las instituciones.

El especialista achaca el repunte de mayo a tres elementos: a que el machismo es un problema “estructural”; a lo que él denomina “efecto paso a la acción” y que hace referencia a que los violentos que están planeando matar a sus parejas se sienten “reafirmados” y, al ver otros casos, deciden actuar, y al fin del estado de alarma. Y es que “la percepción de control de los agresores, ante el fin de las restricciones de movilidad, se ha visto modificada”, a la par que ha mejorado la situación económica, lo que ha dado pie a que más mujeres encuentren trabajo y, por tanto, decidan romper los lazos con sus parejas, lo que en muchas ocasiones desencadena la violencia extrema.

El ámbito judicial

A su vez, Lucía Avilés, magistrada y experta en este problema estructural, apunta varias necesidades en el ámbito jurídico, al que pide dotar de más medios y formación porque “se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer”. Así, pide que haya unidades de valoración forense en todos los juzgados y que los protocolos forenses, que se usan de manera testimonial, entre un 1% y un 2% de los casos, se generalicen para que los magistrados tengan una foto más certera de la situación de la víctima y el agresor. Avilés considera que, a la par, tienen que mejorar los protocolos de valoración de riesgo policial y que en ellos se incluya también un diagnóstico sobre el agresor y no sólo sobre la víctima y sus hijos.

A este respecto, propone generalizar las medidas civiles de protección a los menores, dado que solo en el 3% de los procedimientos de 2020 se suspendió el régimen de visitas y en el 4% la guardia y custodia. 

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