El Noroeste irá al Supremo si el Gobierno no retira el blindaje al lobo antes del 15 de junio

En el Tribunal Supremo. Será ahí donde se dirimirá finalmente el futuro del lobo ibérico si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de declarar el cánido una especie protegida y, en consecuencia, prohibir su caza en toda España. En la actualidad, en las comunidades loberas (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria) las batidas para controlar las manadas están autorizadas pero solo se permiten para casos en los que se aprecie una amenaza para el sector agroganadero.

Ante el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) antes del próximo 25 de septiembre, la alianza del Noroeste —que aglutina el 95% de los lobos censados en toda España— acordó dar un ultimátum al departamento que dirige Teresa Ribera: o retira antes del 15 de junio la orden ministerial o, de lo contrario, acudirán a los tribunales para que el lobo deje de ser especie cinegética. Lo harán a través de un contencioso administrativo ante el Supremo para solicitar medidas cautelarísimas de suspensión. Así lo anunciaron ayer los responsables del área de Medio Ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León tras reunirse con representantes de las organizaciones profesionales agrarias.

Las comunidades loberas denunciaron “la sucesión de actos atropellados” por parte del Ministerio de Transición Ecológica y reivindicaron “una gestión nacional aprobada en 2005 en la que siempre ha habido consenso en el ámbito de la biodiversidad y que no se puede tomar ninguna decisión sin modificar esta estrategia”.

Tras insistir en que el lobo “no es una especie amenazada”, apelaron al Gobierno a “recuperar el consenso con la renovación de la estrategia nacional” con el acuerdo de todos los actores implicados, tal y como defendió el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la comparecencia conjunta en el Senado con su homóloga en Transición Ecológica el pasado mes de febrero.

Durante el encuentro celebrado ayer en el Centro para la Defensa Contra el Fuego en León, la conselleira de Medio Ambiente de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez, y al consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Juan Guillermo Blanco Gómez, demandaron al Gobierno la retirada “inmediata” de la orden y la constitución de una mesa de trabajo en la que se debata “todo, sin ninguna línea roja” con el objetivo de actualizar el censo nacional de la especie y consensuar la estrategia de conservación y gestión.

De no ser atendida su reclamación antes de mediados de junio, las comunidades loberas elaborarán en conjunto su propio plan para controlar la especie, que en el caso de no ser atendida por el Ministerio de Transición Ecológica, “como última medida inevitable” acudirán a los tribunales. Esa posibilidad ya estuvo sobre la mesa desde que el departamento que dirige Ribera dio luz verde a la protección del cánido sin el consenso que hasta el momento imperaba en todos los acuerdos de la comisión de Biodiversidad.

Desde Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León censuran el “desprecio” del Gobierno central durante el proceso en el que las comunidades loberas han hecho numerosas llamadas al consenso” en los últimos meses, en los que no tuvieron respuesta con argumentos científicos y técnicos a los informes remitidos. En sus alegaciones a la orden ministerial que prohíbe la caza del lobo, la Xunta rechaza el plan del Gobierno por “carecer de base científica”, fundamentarse en un informe basado en criterios subjetivos, haberse manifestado en contra la propia Dirección de Producciones y Mercados Agrarios, no tener en cuenta los planes de gestión de las comunidades loberas y una cadena de incumplimientos por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

La Xunta defiende los planes autonómicos para controlar la especie

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, advirtió de que el lobo goza de buena salud gracias al trabajo llevado a cabo para su recuperación y remarcó que han que buscar “el entendimiento, la empatía y el equilibrio” entre el cánido y el ser humano. Durante su intervención en el encuentro organizado en León, Vázquez defendió que no se puede seguir protegiendo al lobo cuando se rompe ese equilibrio, y recordó que todas las comunidades disponen de planes de gestión de la especie que han propiciado su recuperación.

“En Galicia pasamos de 60 a 90 manadas y continuamos esa tendencia desde el año 2015”, apuntó la conselleira al tiempo que advirtió de que los daños a la ganadería se han ido incrementado desde entonces. Galicia acaba de adjudicar el contrato para la actualización del estudio poblacional del lobo, un trabajo sobre 29.000 kilómetros cuadrados que se llevará a cabo hasta el próximo mes de octubre de manera similar al realizado en los años 2013 y 2015, en el que se estimó la existencia de 90 manadas.

Durante la rueda de prensa, los representantes autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León denunciaron la deslealtad “institucional” del Gobierno central en los últimos meses, culminada la semana pasado con el envío del borrador de la orden menos de veinte cuatro horas antes de que se hubiera abierto el período de información pública general. Ante la falta de diálogo por parte del Ministerio de Transición Ecológica, las comunidades loberas quisieron dejar claro que no van a suscribir ni aplicar la nueva estrategia de gestión de la especie propuesta por el Gobierno de Sánchez, que viene a sustituir a un documento aprobado en el año 2005 y que, como recuerdan, en ese momento sí contó con el consenso de todas las autonomías y gracias a eso está plenamente vigente.