El Congreso aprueba la 'ley Rhodes' que amplía la prescripción de los abusos sexuales
La norma ha contado con un amplio apoyo y establece el deber de denunciar y medidas de prevención innovadoras
La ministra Ione Belarra promete una financiación de 70 millones de euros para su puesta en marcha
Las seis claves de la 'Ley Rhodes' contra el maltrato infantil
El Periódico
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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con un amplio consenso la ley de protección a la infancia frente a la violencia, conocida como 'ley Rhodes' (en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales cuando era niño), que incluye medidas de prevención innovadoras, establece el deber de denunciar y que la prescripción de los delitos de abusos sexuales comience a contar cuando la víctima tenga 35 años y no 18 como ahora, para evitar el archivo de muchas denuncias.
La norma contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien ha calificado la nueva legislación de "hito" en la protección de los derechos de la infancia. En su opinión, la nueva ley sitúa a España "a la vanguardia" internacional en esta materia.
La situación en Ceuta
Aunque la primera vez que la 'ley Rhodes' se debatió en el pleno del Congreso varios partidos nacionalistas no votaron 'sí' por cuestiones competenciales, la situación se ha solucionado en el Senado, por lo que la aprobación definitiva en las Cortes ha cosechado un apoyo mayoritario. La única voz discordante la ha puesto la diputada de Vox, Teresa López, quien ha bautizado la norma como "ley Herodes" en alusión al rey que ordenó matar a todos los niños de Judea. "Sus leyes son atroces", ha sentenciado, además de aprovechar la intervención para referirse a "la invasión de Ceuta" por parte de Marruecos.
"Es una gran falta de humanidad que, mientras aprobamos esta ley, devolvamos en caliente a niños que llegan exhaustos al Estado español", ha reprochado a su vez la diputada de ERC, María Carvalho.
Si bien, a pesar del apoyo en términos generales a la norma, algunos grupos han rechazado ciertos puntos del texto legislativo. La mayor oposición se ha dirigido al artículo 39, que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos, algo que, según han alertado varias formaciones y las oenegés de infancia, puede provocar "situaciones arbitrarias".
La tramitación
La ley amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un registro central de información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.
A su paso por el Senado, ha incorporado la prohibición de realizar desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de los menores no acompañados y la imposición de que se pida permiso a los progenitores a la hora de difundir imágenes de niños asesinados, para evitar que en las redes sociales o internet se dañe el honor de estos menores y sus familias.
Y en la Cámara Baja, quedó reconocido el derecho de los niños a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y se eliminó planteamientos sin base científica como el llamado síndrome alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.
La ley incluye además la suspensión del régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.
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