La 'ley Rhodes' impedirá que se mercadee con la imagen de niños asesinados como Gabriel
La difusión de fotografías de los menores deberá contar con la autorización expresa de los progenitores
El Senado aprueba este miércoles la ley de protección a la infancia, que prohibirá que a los menas se les desnude para averiguar su edad
Patricia Martín
Periodista
Escribo en la sección de Sociedad, normalmente sobre temas sanitarios, de mujeres, violencia machista, infancia o consumo; aunque también he trabajado en otras secciones de El Periódico, como Política o Tribunales. Mi trayectoria profesional comenzó en medios locales, incluida una emisora regional de la 'Cadena Ser', y trabajé también para 'El País' y 'Cinco Días'.
El Senado ha aprobado este miércoles la ley de protección a la infancia frente a la violencia, bautizada como 'ley Rhodes' en referencia al pianista James Rhodes, quien sufrió violaciones en su infancia y durante años, de la mano de las principales organizaciones en defensa de los niños, ha batallado para que la pionera norma vea la luz.
La Cámara Alta ha incorporado varias mejoras al texto, entre ellas una enmienda transaccional apoyada por PSOE, PP y otros grupos destinada a impedir que se mercadee con la imagen de los niños asesinados, un comportamiento que causa aún más dolor a sus padres. El nuevo redactado fija que "en los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las Administraciones Públicas y los medios de comunicación podrá especial énfasis en el respeto al honor, a la intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares". Asimismo, indica que en los asesinatos de menores "la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la autorización expresa de herederos o progenitores".
La petición
Este avance legal se produce un mes después de que Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado en febrero de 2018 por su madrastra, Ana Julia Quezada, iniciara una recogida de firmas para solicitar precisamente una ley que prohíba "utilizar y beneficiarse" de la imagen de su hijo. Ramírez relató que había dado un paso adelante porque, tras haber "soportado lo indecible con publicaciones continuas, vejatorias y crueles" hacia la imagen de su hijo, en los últimos días la situación se ha agravado con varias publicaciones, entre ellas una de un usuario anónimo que emplea el nombre de Gabriel para atraer visitas a una página gore.
Este comportamiento tan cruel para los padres será más difícil de llevar a cabo cuando se apruebe del todo la 'ley Rhodes', previsiblemente la semana próxima en el Congreso de los Diputados.
Los menas
En esta ocasión, la ley ha contado con el apoyo de los grupos nacionalistas, algunos de los cuales no respaldaron la norma en el Congreso porque, a su juicio, invadía competencias autonómicas, situación que se ha corregido en el Senado. Asimismo, se ha transaccionado una enmienda que establece que para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como 'menas', "no podrá realizarse desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas invasivas".
Además, la nueva redacción reclama a las administraciones que "prioricen las soluciones habitacionales en los desahucios de familias, especialmente si se producen en un periodo escolar lectivo" y fija que en los centros de menores se limite al máximo la contención física.
En defensa de la norma, la senadora socialista María del Mar Arnáiz ha destacado que la normativa supondrá un "referente a nivel mundial", un "antes y un después para la vida de miles de niños" y un "hito" como en su día fue la ley contra la violencia machista.
La incidencia
Y es que el maltrato infantil es una "realidad invisible", dado que aunque en 2019 se tuvo conocimiento de que 40.000 menores habían sido víctimas de violencia, sólo se conocen el 15% de los casos y se denuncia la mitad, dado que muchos niños no son conscientes del daño y lo sufren en silencio.
Frente a ello, la norma amplía la definición de violencia, obliga a comunicar cualquier ataque, persigue delitos a través de internet, crea unidades especializadas, un coordinador de bienestar en los centros educativos y amplía los plazos de prescripción en delitos sexuales, que comenzarán a contar cuando la víctima tenga 35 años -y no 18 como hasta ahora-.
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