Problemas en las residencias

Cerca de 234.000 personas están en lista de espera para entrar en una residencia en España

  • El balance de 40.000 personas fallecidas en residencias ha hecho florecer los problemas estructurales de las mismas

  • Nace una plataforma que engloba a 15 organizaciones para defender los derechos fundamentales de familias y residentes

Salida de residentes en el centro Sant Pere de les Fonts de Terrassa.

Salida de residentes en el centro Sant Pere de les Fonts de Terrassa. / Ferran Nadeu

3
Se lee en minutos
Oriol Lara

Una de las mochilas más trágicas que ha causado la pandemia son las más de 40.000 muertes en residencias españolas que se han producido de manera directa e indirecta, con cerca de 10.000 fallecimientos no diagnosticados. Este grave problema ha sido la punta de lanza para la creación de la Plataforma de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, una entidad que incluye a 15 organizaciones sociales de 10 comunidades autónomas que se han unido para defender los derechos de familiares, residentes y trabajadores ante la situación de precariedad existente en los geriátricos españoles. 

La entidad se ha presentado en sociedad con un decálogo de medidas para denunciar los problemas comunes de las comunidades autónomas y la inmovilidad de los Gobiernos para mejorar el estado de las residencias. El documento muestra que a día de hoy se encuentran más de 234.000 personas en listas de espera, “un déficit en relación con las recomendaciones de la ONU de cerca de 80.000 plazas residenciales”, explica Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias. Por ello, piden que se reequilibre la proporción entre las residencias públicas y privadas y se agilice la financiación de la ley de dependencia. En Galicia, por ejemplo, un mínimo del 80% de los geriátricos son de iniciativa privada y más de un 88 % son de gestión privada. Para evitar esta especulación, proponen un cambio en el modelo residencial que sea transparente y garantice tanto la atención sanitaria como los derechos fundamentales de los ancianos. 

Otro de los puntos del decálogo va en consonancia con la depuración de responsabilidades con los responsables de la gestión de la pandemia y la realización de un estudio para analizar las secuelas de los ancianos que se derivan de la misma. “Hay que hacer comisiones de investigación en cada comunidad para ver donde han estado los fallos. No podemos volver a repetir esta situación. Le compete a los departamentos de salud saber cómo han salido de esto los ancianos que han padecido un encierro enorme y sin contacto”, comenta Paulino Campos, presidente de Rede, que también pide que se garanticen las salidas y los movimientos al exterior de los residentes. 

El poco control que ha habido en el mantenimiento de las residencias también va en relación con las secuelas que han padecido los mayores. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay “1 inspector por cada 2.000 residentes”, desde la Plataforma exigen que haya un aumento de la dotación de inspectores en todas las comunidades autónomas y un control más periódico sobre la calidad de los servicios. En estos tiempos han detectado infecciones repetitivas de orina, úlceras extraordinarias y una calidad de la alimentación ínfima, según Campos, “que ha provocado más número de fallecimientos por las condiciones lamentables”, añade. Por tanto, reclaman, además,que haya un mayor control y prevención de los malos tratos.

Noticias relacionadas

Precariedad laboral

Los errores en las residencias se han producido también por el desequilibrio entre el número de trabajadores y el de residentes. María José Carcelén, coordinadora de las residencias 5+1, explica que “las ratios se deben centrar en la atención de los mayores y los gerocultores deben ser de uno por cada cuatro personas en el turno de mañana y uno por cada diez en el turno de noche”, explica. Al problema de la falta de personal se le une la falta de formación de los trabajadores y las precarias condiciones laborales con las trabajan. “El salario básico es de 950 a 1.000 euros. Poca gente quiere ir a trabajar y hay personas menos preparadas”, cuenta Campos. En lo que respecta a Catalunya, cerca del 20 % de los trabajadores no se han querido vacunar por lo que también supone un riesgo añadido para sus residentes.