Coste "demasiado elevado"

España rechaza la gratuidad de los test PCR del certificado covid

  • El Gobierno español apunta al coste económico como motivo para rechazar que las pruebas sean gratuitas como pide la Eurocámara

  • El objetivo es culminar las negociaciones interinstitucionales antes de finales de mes y aprobar el reglamento en junio

Una enfermera realiza una PCR a un paciente.

Una enfermera realiza una PCR a un paciente. / EUROPA PRESS / JCCM

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El Parlamento Europeo y el Consejo –el órgano que representa a los gobiernos- siguen sin ponerse de acuerdo sobre el contenido del certificado verde digital, destinado a facilitar los desplazamientos este verano y dar un impulso a la economía y el turismo. La Eurocámara insiste en que los test PCR sean, al igual que las vacunas, deben ser gratuitos para que no haya discriminaciones con los grupos que todavía no tienen acceso al antídoto. España y otros países lo rechazan al considerar imposible asumir el coste financiero que tendría.

Según ha explicado el secretario de estado para la UE, Juan González-Barba, tras el Consejo de Asuntos Generales celebrado este martes, el primero presencial desde octubre del año pasado, “hay una mayoría grande de Estados miembros” que tienen dificultades para aceptar la gratuidad de las pruebas PCR” debido al coste económico que tendría, particularmente para los países más turísticos. Con la carga que supondría esta medida, sostiene, para las arcas públicas no se podría “aprobar el reglamento en junio”, ha explicado sobre el plazo que se han marcado como objetivo ambas instituciones.

“A lo mejor con un plazo mayor de tiempo sí se podría pero todavía serán necesarias muchas PCR” y “sobre todo los países de destino turístico a lo mejor tendrían que abonar las PCR de turistas que volvieran a sus países. No sería posible una gratuidad total”, ha zanjado insistiendo que hay una mayoría de países que secundan esta posición. “Diría que es la posición de tres cuartas partes del Consejo”, ha asegurado.

Topes a los precios

España reconoce que se trata de uno de los elementos “más dificultosos” de la negociación pero insiste en que hay que buscar una fórmula “flexible” de compromiso que satisfaga a gobiernos y Parlamento Europeo. “Hay voluntad de llegar a un acuerdo” y “hay máximo interés para que esté aprobado en junio”, ha asegurado. La posible flexibilidad, ha explicado, podría estar en fijar topes al precio de los test PCR en función del salario mínimo o algún otro criterio similar.

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 “Los test tienen que tener un precio asequible” pero “no podemos imponer un precio a las pruebas en la que hay un mercado libre. Tenemos que ver si existe la posibilidad de que los precios de estos test se bajen”, ha anunciado la secretaria de estado para asuntos europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías, precisamente responsable de negociar el contenido del nuevo reglamento con Juan Fernando López Aguilar, el ponente y negociador del Parlamento Europeo que tampoco ve con buenos ojos el freno de emergencia que quieren incluir para poder imponer restricciones con urgencia en caso de necesidad.

“Este freno de emergencia es una posición unánime del Consejo. Pensamos que si aparece de la noche a la mañana una nueva variante que las vacunas actuales no proporcionan inmunidad habría que actuar”, sostiene González-Barba que pese a los puntos en discordia considera que el documento, que la Eurocámara quiere rebautizar como certificado covid-19, estará aprobado en junio. “Las dos instituciones saben lo importante que es”, ha avisado.