Los migrantes extutelados podrán optar a un permiso de trabajo al cumplir los 18 años

El Ministerio de Inclusión Social y Migraciones está a punto de aprobar un decreto que cambiará la vida de miles de niños y adolescentes que se jugaron la vida en alta mar, abandonaron a sus familias en África para después encontrarse una enorme discriminación en España que les empuja a vivir en un espiral de miseria. Por fin, los menores migrantes que salgan de los centros de menores a los 18 años podrán trabajar legalmente. La medida, sin embargo, llega tarde para miles de jóvenes que no gozaron de ese derecho y que ahora deberán de acceder a un abogado para salir del pozo.

Hace años que lo denuncian por activa y por pasiva. Colegios profesionales de educadores y trabajadores sociales, entidades que les atienden, abogados especializados e incluso las comunidades autónomas que les acogen. Era del todo incoherente que los niños migrantes que llegan solos a las costas de Andalucía, las Islas Canarias o que cruzaban la frontera en Ceuta y Melilla fueran acogidos en centros de protección de toda España pero que al cumplir la mayoría de edad no tuvieran ningún derecho laboral para independizarse y cotizar en la tierra que les acogió.

La situación se hizo especialmente complicada entre los años 2017 y 2018, cuando se superaron los récords de acogida de niños solos y migrantes. Más del 80% de ellos tenía entre 15 y 18 años. Solo en Catalunya, son más de 3.800 los jóvenes que llegaron sin referentes familiares esos años y que ya han cumplido la mayoría de edad. Algunos tuvieron la suerte de entrar en los escasos pisos de emancipación, otros siguen en los centros de menores apurando prórrogas, pero varios centenares han visto cómo las administraciones les cerraban las puertas y han terminado malviviendo en la calle u ocupando pisos para mantenerse a flote.

Atasco burocrático

Teóricamente, todos los chicos que han salido de los centros de menores deberían tener un permiso de residencia legal en España que les permite formarse y acceder a prestaciones sociales. Pero muchos niños no lo consiguieron por el atasco burocrático y a otros les sirvió de muy poco. "El permiso de residencia que les concedían era no lucrativo, para trabajar necesitaban una oferta de empleo de un año a jornada completa, algo imposible. Y al cabo de dos años, tenían que renovar de nuevo este permiso", explica Sara Agulló, abogada de la Federación de Entidades de Pisos Asistidos, que agrupa a más de 60 entidades de toda España que acogen a menores tutelados una vez cumplen la mayoría de edad.

Hace menos de un año, además, una sentencia del Tribunal Supremo agravó la situación. Solo podían renovar los papeles aquellos jóvenes que demostrasen tener más de 2.000 euros al mes. "Es decir, nadie", se queja Agulló. "Si no tienen papeles, los jóvenes se encuentran absolutamente limitados. Es un sinsentido que nadie logra entender", agrega la letrada. "Nos quejamos que haya jóvenes en la calle delinquiendo, pero es que les hemos obligado a vivir así. Hay muchos que si quieren comer no tienen más alternativas", expone la letrada.

Presión de las autonomías

Las entidades, y también las comunidades autónomas, han presionado hasta cambiar esta situación. Al fin, el pasado 30 de abril se filtró un borrador del ministerio que se debe convertir en real decreto en las próximas semanas. "Con esta modificación, a los 18 años, los niños migrantes conseguirán un permiso especial por el hecho de haber estado tutelados. Podrán aceptar cualquier tipo de empleo", explica Agulló. La norma también facilita la renovación de los permisos para aquellos que no encuentren empleo. Solo deberán demostrar que disponen de 466 euros al mes, que se podrán compensar si están acogidos en alguna institución benéfica o perciben a alguna prestación social.

Además los jóvenes que han sido expulsados de los centros de menores y no han podido acceder a este derecho, lo podrán hacer ahora de forma retroactiva. "Lo importante es que un abogado les ayude a hacer los trámites", insiste el abogado Albert Parés, que hace lustros que representa a menores migrantes solos y que ve cómo muchos centros de menores no se pueden costear un derecho imprescindible: la asistencia de un letrado.

El problema de los chicos de la calle es triple. No pueden acreditar el apoyo social de los 466 euros, algunos tienen antecedentes penales que complican mucho más el trámite y además al no tener papeles tampoco pueden acceder a la justicia gratuita. El Ayuntamiento de Barcelona, que atiende a más de 200 jóvenes sin techo, ya ha contratado un abogado para que logren documentación y salgan de la miseria. "Lo que es evidente es que estos chicos tienen el derecho de poder ganarse el pan", insiste Parés. "Que les concedan este derecho es una buena noticia, es atrevido y necesario, aunque creo que lo han hecho por necesidad: lo que nos venía encima era mucho peor", asume el abogado, que pone más deberes al ejecutivo. "Acaben ya con la injusta ley de extranjería", implora.

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