Pobreza energética
Las eléctricas esquivan el 80% de las multas por dejar sin luz a vulnerables
La Generalitat ha interpuesto, desde mediados de 2015, 162 denuncias contra las compañías que vulneraron la ley catalana
Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
La Generalitat ha multado a una docena de compañías eléctricas por cortar el suministro a familias pobres contraviniendo la legislación catalana que los impide desde hace seis años. Según los datos facilitados por la Agència Catalana de Consum, de un total de 162 sanciones las empresas solo han abonado el 12%.
Hace apenas una semana se hacía pública la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dejaba en nada la multa de medio millón de euros que la Generalitat había interpuesto contra Naturgy por cortar la luz a una octogenaria en Reus. La anciana, en apuros económicos, murió calcinada por la luz de una vela después de vivir un mes sin electricidad porque no podía pagarla. La respuesta del tribunal indignó a movimientos sociales y entidades. No se trata de un caso excepcional. Más del 80% de las multas a las eléctricas contra la pobreza energética no se abonan.
Desde julio de 2015, cuando se aprobó la ley catalana que impide los cortes de luz, hasta el 1 de mayo de 2021, la Generalitat ha recibido 338 denuncias por cortes indebidos a hogares pobres. El 95% de advertencias se notificaron entre 2016 y 2018. A partir de estas alarmas, la Agència Catalana del Consum ha iniciado 181 expedientes e impuesto 161 sanciones, que en la mayoría de casos no superan los 10.000 euros. Solo en siete casos las empresas han pagado las multas y el resto (un 96%) las han recurrido.
Pleitos vencidos
Los recursos son la vía que permite que las suministradoras ganen la mayoría de pleitos. Los jueces han respaldado a la Generalitat en 13 de las 155 sanciones recurridas. En 90 casos las eléctricas salieron ganando, y solo en un caso, el de la fallecida en Reus, el Govern se ha dirigido a instancias superiores. "Solo hemos podido recurrir las sanciones que superanlos 30.000 euros, y la mayoría son de 10.001 euros", alegan fuentes de la Conselleria d'Empresa. De los más de dos millones impuestos como sanción por cortar la luz a los pobres, el Govern ha recuperado 429.000 euros.
"Lo lamentable es que el poder judicial se ponga de lado de las eléctricas y no a favor de la gente", se queja María Campuzano, portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética. "Lamentablemente no nos sorprende que las eléctricas no hayan pagado aún las multas por cortar la luz a los más vulnerables, llevan años poniendo palos a las ruedas para que la electricidad sea un derecho social", añade.
Endesa es la compañía que acumula más sanciones (109). Fuentes de la compañía recuerdan que tienen más de 23.000 clientes vulnerables, es decir que los errores de comunicación con los servicios sociales afectan a menos del 1%. "Pagamos todas las multas, pero luego las recurrimos. Queremos dejar muy claro que el recurso jurídico no tiene ningún efecto en las familias afectadas", explican desde la compañía. Endesa ha ganado más de 80% de las sentencias judiciales porque la ley catalana no carece de un reglamento propio.
En cualquier caso, explican desde Endesa, "ahora nuestra intención es acabar con la condonación de la deuda y concretar los mecanismos para que ninguna familia se encuentre en esta situación". Endesa es la única compañía que ha firmado el convenio catalán para condonar la deuda eléctrica de las familias pobres además de establecer un contador social de la luz para las familias que ocupan viviendas por necesidad económica. Naturgy, con 42 sanciones interpuestas, no le ha seguido los pasos a Endesa.
Los datos del Govern demuestran que, a medida que han pasado los años, las eléctricas han ido acatando la normativa, reduciendo así el número de sanciones interpuestas. "La presión social, sobre todo a raíz del dramático caso de Reus, les ha obligado a acatar la ley autonómica", cuenta Campuzano. Sin embargo, la activista también señala que hay muchas familias que no saben que pueden denunciar los cortes de luz indebidos.
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