Colectivos vulnerables

El 98,4% de familias que cobran la renta catalana no perciben el ingreso mínimo vital

  • Un informe de la comisión de gobierno de la prestación catalana al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO refleja la escasa coordinación entre la Generalitat y el Gobierno para atender a los hogares vulnerables

  • La prestación catalana discrimina al 40% de hogares que viven en la pobreza extrema

  • La Generalitat ha tramitado de oficio 20.000 peticiones del Ingreso Mínimo a familias catalanas que cree que deberían percibirlo

Ciudadanos esperan para hacer gestiones sobre la RMI, una de las principales ayudas sociales existentes.

Ciudadanos esperan para hacer gestiones sobre la RMI, una de las principales ayudas sociales existentes. / FERRAN NADEU

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 12.000 hogares catalanes y de estos solo 2.400 cobran también la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un mísero 1,6%. Un dato al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que demuestra que las dos rentas, que deberían funcionar de forma complementaria para atajar la pobreza en Catalunya, siguen descompensadas y descoordinadas. Un año después de su creación, y sabiendo de las dificultades burocráticas y digitales para tramitar la ayuda estatal, el Govern ha empezado a tramitar de oficio los expedientes del IMV de 20.000 hogares que merecen tener acceso a tales prestaciones sociales pero que no habían dado el paso. Las entidades sociales piden que, con el dinero que se ahorren, amplíen los criterios de la renta catalana. Cerca del 40% de las personas que viven en la pobreza severa en Catalunya aún no tienen acceso a esta ayuda.

Un estudio de la comisión de gobierno de la Renta Garantizada, integrado por patronales, sindicatos y entidades sociales, pone datos sobre cómo está funcionando el acceso a las prestaciones sociales en Catalunya en medio de una crisis social sin precedentes. En enero de 2021, 79.876 hogares estaban cobrando la prestación que gestiona el Govern de la Generalitat, un aumento del 17% de casos tras el estallido de la pandemia del coronavirus.

Sin ventanilla única y con miedo a perder las ayudas

El gran desbarajuste está en el papel que debe jugar esta renta catalana con la creación del Ingreso Mínimo Vital, que depende del Gobierno Central. "Ya advertimos en su momento que debía de aclararse el nuevo circuito, pero aún hoy sigue sin resolverse", critica Sira Vilardell, miembro de la comisión de gobierno de la Renta Garantizada y vicepresidenta de la Federació Catalana d'Entitats d'Acció Social. En principio todas las familias vulnerables debían pedir primero el Ingreso Mínimo Vital. La Generalitat se dedicaría a conceder su renta a aquellos que se lo denegaran y a complementar las ayudas del IMV con poco más de 200 euros a los que sí la perciban. En enero, menos del 2% de beneficiarios de la RGC estaban en esta situación.

¿Por qué ocurre este desajuste? Las casuísticas son varias. Por un lado están las familias a las que les han denegado el IMV. "Solo se tiene en cuenta la última renta vigente, es decir la de 2019, y cientos de hogares que lo han perdido todo en 2020 no pueden acceder a él", lamenta Vilardell. Pero luego están situaciones mucho más complejas. "Hay familias que no tienen medios digitales para tramitarla, o que tienen miedo a pedir el IMV porque temen que la Generalitat les retire la RGC que es más alta", cuenta Vilardell. Además, hay cientos de personas esperando hasta 9 meses una respuesta de la Seguridad Social.

Procedimiento de urgencia

Vista la situación y los terribles efectos que está teniendo, la Conselleria d'Afers Socials ha iniciado un procedimiento de urgencia para tramitar de oficio en torno a 20.000 expedientes con la Seguridad Social. Son personas que cobran la prestación catalana y que según el Govern cumplen con los criterios del IMV pero que no la han pedido. "Estamos en una fase muy inicial", cuentan fuentes de la 'consellería', que aún desconocen cuantos de ellos serán admitidos. Paralelamente la Generalitat sigue negociando con el ministerio de Inclusión Social las competencias para que les dejen gestionar ambas ayudas con una única ventanilla. "El que no haya un gobierno en Catalunya no ayuda", dice Vilardell. Por el momento, el acuerdo sigue bloqueado.

Temor a una retirada masiva

Las entidades esperan que esta descoordinación termine pronto. "El problema llegará cuando la Generalitat se cuadre y retire la RGC a las personas que deberían haber pedido el IMV y no lo han hecho", advierte Vilardell. El Govern puede dar ese paso al considerar que la RGC es la última prestación una vez se han agotado todas las opciones. "Nos han reiterado que quieren hacer las cosas bien y dejarán muchos meses de margen, pero acabará pasando, es inevitable", dice Vilardell.

Más del 40% de excluidos

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Si las personas que ya perciben la RGC cobrasen el IMV, el Govern se ahorraría más del 50% del dinero que destina hoy, que ya supera los 40 millones de euros al mes. Y es que a pesar que los beneficiaros de la RGC han crecido a partir de la pandemia, los datos muestran que aún hay miles de hogares marginados. En el mismo informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO la Generalitat señala que la renta catalana no llega al 40% de personas que viven en la pobreza severa. Otros datos apuntan a una situación aún peor. Según el IDESCAT, en Catalunya hay un millón y medio de personas bajo el umbral de la pobreza, y más de 440.000 viviendo en la pobreza severa. Atendiendo a esta realidad, serían más del 65% los excluidos sin la prestación social.

Entre los que más sufren esta marginación económica y social se cuentan principalmente los cerca de 100.000 inmigrantes sin papeles que viven en Catalunya. Pero hay más realidades. "Las personas que no se pueden empadronar porque están ocupando o viven en pisos hacinados, las madres que no cobran la pensión de sus exparejas pero no lo pueden demostrar o los trabajadores con contratos temporales", detalla Vilardell.