Ley de protección a la infancia

La prescripción de los abusos a niños comenzará a contar cuando la víctima tenga 35 años

  • Varios partidos pactan una enmienda transaccional a la ley de protección a la infancia, que será aprobada este jueves en el Congreso

El Congreso aprueba la ley de infancia que inicia la prescripción a los 35 años. En la foto, Joaquín Benítez, exprofesor de los Maristas, condenado a 21 años y 9 meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro menores de edad.  / JOAN CORTADELLAS / VÍDEO: EFE

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El Congreso aprobará este jueves la ley orgánica de protección integral a la infancia frente a la violencia, bautizada como 'ley Rhodes' en referencia al pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales cuando era niño. Se trata del “marco de protección” hacia los menores “más ambicioso en la UE y probablemente en el mundo” porque incorpora medidas integrales, en todos los ámbitos donde viven los menores, y “un máximo nivel de exigencia en la  prevención”, según Andrés Conde, presidente de Save the Children, una de las oenegés que más ha remado a su favor de la norma.

Además, en la tramitación parlamentaria se incorporan varias mejoras, entre ellas la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos de abusos sexuales, que en la actualidad empiezan a computar cuando la víctima tiene 18 años y el margen es de entre cinco y 15 años más en función de la agresión. Se trata de un tiempo insuficiente y que ha provocado situaciones de impunidad porque muchos afectados no se atreven a denunciar hasta que alcanzan cierta madurez. Por ejemplo, en el ‘caso Maristas’ destapado por EL PERIÓDICO, de los 13 profesores denunciados, sólo uno fue a juicio y por cuatro de las 17 denuncias, debido a que el resto habían prescrito.

La enmienda

El anteproyecto legal aprobado por el Gobierno de coalición establece que los plazos comiencen a contar cuando la víctima cumpla 30 años pero PSOE, Podemos, Cs, ERC y otros grupos han pactado una enmienda transaccional, que será debatida este jueves, y marca el inicio a los 35 años. Al contar con un apoyo mayoritario, será previsiblemente aprobada por el pleno del Congreso, lo que provocará que, en función de la gravedad del delito, cuando la ley entre en vigor, las víctimas puedan denunciar hasta que cumplan 50 años, en los casos de pederastia más grave.   

Durante la tramitación, PSOE y Podemos han mantenido que los plazos comiencen a correr a partir de los 30 años porque ambos partidos consideraban que supone un avance sustancial sobre el Código Penal actual y que permitirá a la mayoría de las víctimas denunciar. Pero la presión de la campaña ‘El abuso no prescribe’, capitaneada por el activista Miguel Hurtado, y que ha recabado más de 560.000 firmas a favor de que los plazos comiencen a computar a los 40 años, ha favorecido la presentación de la enmienda conjunta. Además, varias organizaciones de infancia y grupos de la oposición también apoyan la ampliación.

Las resistencias

Según Miguel Hurtado, que a su vez es víctima de los abusos en la Abadía de Montserrat destapados también por EL PERIÓDICO, que finalmente se quede en 35 años es un “pequeño paso en la buena dirección, que no satisface plenamente" las expectativas de la campaña porque "hay ciertos partidos como el PSOE y Podemos que han puesto muchas resistencias y si no hubiera sido por ellos se hubiera conseguido una reforma más ambiciosa".

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Aún así, Hurtado considera que el avance "demuestra el poder del activismo, de la denuncia, de que las víctimas rompan el silencio y expliquen públicamente los abusos que han sufrido". "En el futuro los depredadores sexuales lo tendrán mucho más difícil para irse de rositas", concluye, además de dar las gracias a Más País, ERC y Ciudadanos por apoyar desde el principio la causa.

A su vez, James Rhodes, tras mostrarse "agradecido" porque el Congreso vaya a dar luz verde a la legislación, ha recordado en rueda de prensa que han sido 12 años de lucha, por tanto una batalla "larga y agotadora". "Nunca debería haber sido tan difícil", ha señalado. Y es que las reivindicaciones de la sociedad civil comenzaron en 2009, cuando el Comité de los Derechos del Niño de la ONU reclamó a España medidas para prevenir y proteger a los menores de las agresiones. Y si todo va según las previsiones, la norma llegará al BOE en junio, tras pasar por el Senado.