Treinta educadores a la calle por el cierre de dos centros de acogida

Si nada cambia en las próximas semanas, la cooperativa Eduvic despedirá a 36 educadores sociales e integradores que trabajaban en dos centros de acogida para menores migrantes de Catalunya. Los espacios eran casas de colonias, abiertos desde hacía casi dos años en el Anoia y El Maresme. Tanto la cooperativa como la Generalitat explican el despido masivo por que el número de niños inmigrantes acogidos por el Govern ha descendido notablemente este 2020 debido al cierre de fronteras. Dicen que están abriendo otros espacios "más adecuados" como pisos de inserción. Los trabajadores consideran que no se han respetado los plazos, y creen que les deberían aplicar un ERTE.

En 2019 llegaron a Catalunya 2.200 niños migrantes solos y fueron acogidos por la Generalitat. El Govern puso a su disposición una red de 2.500 plazas de primera acogida ubicados en casas de colonias o albergues, que normalmente estaban ubicados en zonas rurales o lejanas de la metrópoli. Muchos expertos criticaron la existencia de estos centros, que dificultaban la integración social de los menores.

En 2020, la llegada de menores migrantes cayó de una forma abrumadora. Solo 800 menores llegaron hasta Catalunya. A nadie se le escapa que el cierre de fronteras que supuso la pandemia mundial e influyó en eso, aunque son cientos los niños abarrotados en centros de acogida de las Islas Canarias que podrían ser trasladados en estos espacios. En cualquier caso, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) ha optado por "reconvertir" y cerrar estas plazas de urgencia en casas de colonias y apostar ahora por pisos que sean "servicios de acompañamiento a la vida adulta". Fuentes del Govern explican que hoy hay 5.000 jóvenes mayores de edad en centros de menores, y que han creado 310 plazas en pisos para atender chicos de hasta 21 años.

Los centros de Eduvic ubicados en Sant Iscle de Vallalta (Maresme) y Santa Margarida de Montbui (Anoia) son centros de emergenci que ya han echado el cierre en febrero de 2020. En el de Anoia es donde residía Omar, un chico que en 2019 terminó suicidándose tras ser expulsado del recurso. La entidad gestora no ha querido hacer declaraciones a este diario, y se ha limitado a decir que los menores han sido reubicados en otros equipamientos más "adecuados". Nada dice de los trabajadores, que ya se ha organizado y contratado un servicio de abogados para hacer oír su voz.

"Los niños han sido trasladados a otros servicios de emergencia similares, no en pisos. Y además deberían aumentar la plantilla en estos otros centros y reubicarnos a todos en vez de despedirnos", se queja un empleado. Otro trabajador, que tampoco quiere ser identificado, entiende los razonamientos del cierre, pero carga contra las medidas adoptadas. "En cuanto se vuelvan a abrir las rutas migratorias volverán a llegar niños, y deberán ser atendidos en plazas habilitadas", explica a EL PERIÓDICO. "No se entiende que nos despidan a todos, que no nos reubiquen, si nos podrían hacer un ERTE", lamenta el educador.

Por el momento, el colectivo Ronda de abogados ya está estudiando el caso y ha iniciado un proceso de negociación con la empresa, que según dicen los abogados, sigue "enrocada" en la misma posición. Lamentan, además, que 20 personas más también perderán sus empleos de forma indirecta debido al cierre del centro, ya sea personal de cocina o de seguridad.

Este jueves un grupo de trabajadores de la cooperativa se ha manifestado frente las puertas de la DGAIA. "Nosotros no tenemos competencias en la situación laboral de los trabajadores", se excusan desde el Govern. Aunque los centros son suyos, los gestiona esta entidad privada y es ella quien decide sobre sueldos y situación de los empleados. Sin embargo, la directora general Esther Cabanes se ha reunido con los trabajadores y se ha ofrecido a mediar en este conflicto.