Entrevista a la decana del Col·legi de l'Advocacia

Maria Eugènia Gay, decana de los abogados de Barcelona: "Necesitamos más jueces"

  • "El covid ha llevado a la Administración de Justicia a un punto crítico, lo que nos conduce a una reflexión"

  • "Estamos muy alejados del volumen de jueces que debe haber en un Estado de Derecho como el nuestro"

  • "España es un país de una gran judicialización de los conflictos porque no se acude a la mediación"

Maria Eugènia Gay, degana del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona.

Maria Eugènia Gay, degana del Col.legi de l’Advocacia de Barcelona. / Ferran Nadeu

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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¿Qué efectos ha provocado la pandemia del covid en la Justicia?

Ha llevado a la Administración de Justicia a un punto crítico, lo que nos conduce a una reflexión sobre qué modelo anhelamos. Se han puesto en evidencia las deficiencias que durante años denunciamos, como la falta de digitalización y retrasos por la acumulación de procedimientos, así como la conveniencia de un replanteamiento de la organización de la oficina judicial y la necesidad de un mayor número de jueces que nos coloque en la ratio europea. Tenemos 11 por 100.000 habitantes y en Europa la media son 20. Por lo tanto, estamos muy alejados del volumen de jueces que debe haber en un Estado de Derecho. Además, España es un país de una gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, en tanto que no se acude a métodos de resolución alternativas, como la mediación. Esto provoca una saturación en los juzgados.

¿Qué retos se deberían asumir?

El Estado ha de tener en cuenta que la Administración de Justicia debe ser una prioridad y que requiere una inversión valiente y decidida, tanto económica como de recursos humanos, para llevar a cabo la reforma que necesita. A nosotros siempre nos ha interesado un pacto de Estado que atienda esa reivindicación histórica.

¿Cambios legislativos?

La ley de eficiencia procesal del Ministerio de Justicia supondrá un impulso a todas estas necesidades. También valoramos muy positivamente el Plan Justicia 20-30, que supondrá afrontar esta reforma de calado con una continuidad en más de una legislatura. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar la toma de estas medidas que estaban previstas. Fomentar el uso de los medios tecnológicos y telemáticos y apostar por el uso de la mediación, conciliación y el arbitraje.

¿Qué juzgados son las que más han sufrido?

La jurisdicción que mayor colapso ha sufrido es la social. Hay un retraso alarmante en la tramitación de los procedimientos. Está señalando juicios en 2023 o 2024, siendo materias sensibles, como despido y ertes, que afectan a los derechos más personales de los trabajadores. Es un mal endémico en toda España. La abogacía catalana reclama la creación de nuevos órganos judiciales sociales por la situación de colapso y por la previsión del incremento de la letigiosidad en índices muy elevado.

¿Aparte de los sociales?

Con el estado de alarma los juzgados de familia unificaron criterios y decidieron que esta situación no suspendía la ejecución de las sentencias de separaciones y divorcios dictadas antes. Sin embargo, la situación económica de los progenitores ha variado o ha empeorado en la mayoría de los casos y, por lo tanto, se están interesando modificaciones de resoluciones, sobre todo en relación a la pensión alimentaria a los hijos menores. En el ámbito civil se han iniciado demandas de modificación del alquiler de viviendas y locales de negocios. El Col.legi de l'Advocacia de Barcelona intenta que se pueda regularizar la cláusula que permite la modificación de las rentas de manera temporal por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

¿Y en los mercantiles? 

Desde el colegio se considera muy importante el compromiso con la ley de la segunda oportunidad, que permite ofrecer al ciudadano rehacerse siempre que haya habido una ausencia de dolo (culpa) en esa actuación empresarial. Que pueda reiniciar su actividad económica negociando las deudas e intentando que estas no le ahoguen. Catalunya es la comunidad que mayor número de acciones ha iniciado en este sentido. También ha habido un aumento de concursos de acreedores.

¿Cuándo se llegará a normalizar la situación?

La previsión del Tribunal Superior de Justicia es que se alcance en 2023, pero ha de venir reforzada por las medidas que el Ministerio de Justicia pretende implementar. La Conselleria de Justícia deberá poner los medios necesarios para complementarlas. La colaboración entre las dos instituciones es fundamental.

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¿Cree que el sistema de videoconferencias para las declaraciones ha funcionado?

Ha funcionado muy positivamente, sobre todo, en las declaraciones en comisaría. Se ha garantizado el derecho de defensa y el de la salud de los abogados. Ahora, con la relajación de las medidas sanitarias, muchos compañeros deciden acudir a las dependencias policiales, aunque el medio preferente sigue siendo el telemático. En los juzgados, acostumbran a desplazarse, aunque pueden pedir la asistencia del detenido por videoconferencia. Esta apuesta ha permitido mejorar de las instalaciones. El colegio apoya ese fomento de las nuevas tecnologías.

"No se están fomentando viviendas de alquiler social"

La pandemia ha agravado el problema de acceso a la viviendo a raíz de la precariedad laboral. “El Col.legi ha detectado que el parque de alquiler social en Catalunya es del 1,5 %. Es decir que estamos muy lejos del 15% que tiene la media de los países de la Unión Europea. No se están fomentando viviendas de alquiler social en Catalunya. También el presupuesto público destinado a políticas de viviendas es el 0,1% del PIB catalán, lejos del 0,6% de la media europea”, asegura Maria Eugènia Gay. La institución que preside reivindica “la necesidad de tener un parque de viviendas sociales dignas que garantice este derecho y que evite el riesgo de exclusión residencial de las familias (…) Toda la administración pública es corresponsable de esta situación”.

En su opinión, “la Administración ha de ser capaz de llegar a acuerdos con los grandes tenedores", como los bancos o fondos de inversión, "para generar vivienda social" y no suscitar conflictividad respecto a los mismos, "como si fueran los responsables de que no haya vivienda social". La decana de los abogados subraya que "hemos de ser capaces de respetar el derecho a la propiedad y, a la vez, amparar el acceso a la vivienda. La Administración debe ser capaz de encontrar equilibrio negociando con todas las partes, porque es su obligación garantizar el derecho a la vivienda digna”.

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