El coronavirus atrasa hasta 2023 los juicios laborales en Barcelona

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia de nuevo la saturación endémica que existe en los juzgados y, sobre todo, el colapso en la tramitación de determinados pleitos que inciden directamente en la vida de los ciudadanos, como son los laborales. En Barcelona se están señalando en estos momentos juicios ordinarios por ertes y despidos hasta a dos años vista, es decir para 2023, lo que provoca desasosiego entre la clase trabajadora. En Sevilla es peor: se están fijando para enero de 2025. Pero ese no es el único problema, los juzgados mercantiles acumulan 20.0000 procedimientos de reclamaciones vinculadas al transporte aéreo, como anulación de viajes, retrasos en los vuelos o pérdidas de maleta. Estos órganos judiciales están al límite de sus capacidades y se encuentran ante un riesgo de colapso.

Aunque la aglomeración de procedimientos en los juzgados es habitual desde hace años, el impacto del covid la ha multiplicado en determinadas jurisdicciones, sobre todo en la social (laboral) y se prevé una avalancha en la mercantil. En cambio, no ha perjudicado tanto a los juzgados de familia. Los dos meses y medio de casi inactividad judicial con la suspensión de los plazos en los procesos durante el primer estado de alarma del 14 de marzo de 2020 (solo se tramitaron los casos urgentes, como los detenidos que pasaban por el juzgado de guardia) obligó a que los juicios, comparecencias y declaraciones señaladas para ese periodo se recolocara en la agenda. En total, en Catalunya se suspendieron durante esas semanas un total de 82.000 vistas y se dejaron pendientes 145.000 resoluciones, según el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Otro motivo de ese incremento de la congestión en los juzgados ha sido las medidas de sanitarias que se han adoptado para evitar los contagios por el coronavirus en las declaraciones y en los juicios, como la limpieza de la salas. Donde antes se celebraban 12 vistas, ahora se hacen la mitad o menos. En la primera ola de la pandemia se priorizaron las declaraciones por videoconferencias. En junio de 2020, la Conselleria de Justícia compró 447 licencias para usar este sistema, una para cada sala de vistas en Catalunya. 

Retraso hasta en las conciliaciones

Los juzgados de lo social son los que más han sufrido a raíz de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas. Los despidos y ertes han incrementado las demandas laborales y han saturado más de lo que estaban estos órganos judiciales. Antes del covid, en Barcelona se fijaban los juicios ordinarios en torno a un año. Ahora, este tiempo se ha duplicado y hay jugados que están señalando vistas para 2023, según fuentes de la abogacía catalana y de la judicatura. Además, los actos de conciliación previos a la demanda están padeciendo un retraso, pasando del mes y medio de antes del covid a los tres meses. Y la avalancha de nuevos procedimientos no ha llegado todavía, aseguran los juristas consultados. Se espera en unos pocos meses.

“Cuando estalló el covid tuvimos que suspender prácticamente todos los juicios, salvo actuaciones urgentísimas. De mitad de marzo a finales de mayo del año pasado, casi todos, y en junio y julio se reanudó la actividad, pero con mucho protocolo por el covid, el acceso de personas, de aforo, de distancias”, asegura el magistrado de lo social Jesús Gómez. Solo en su juzgado, el 20 de Barcelona, admite, se aplazaron unos 300 juicios, que fue la media en Barcelona.

“¿Cuál fue el problema? Que esas 300 vistas se recolocaron de la manera que pudimos, que fue muy limitada, al año siguiente (este 2021) donde ya habían señalado otros juicios. Y las demandas han seguido entrando de forma progresiva, aunque todavía no hemos tenido de la avalancha de las de post-covid, que puede suceder cuando los ertes se acaben ( el 31 de mayo acaba la prórroga decretada por el Gobierno)y se conviertan en despidos”, explica este juez. Los juzgados reciben una media de 1.100 demandas al año, un 25% más de lo que le correspondería tramitar. El juzgado de este magistrado está señalando juicios para Semana Santa de 2022, aunque hay otros que lo hacen ya para 2023. “La pandemia ha puesto sobre la mesa los problemas y no hay visos de que vaya a mejorar la entrada de asuntos, sino lo contrario”, sentencia este magistrado.

Pleitos vinculados al sector aéreo

En los juzgados mercantiles el problema principal es la bolsa de procedimientos vinculados al sector aéreo. Hay unos 20.000 solo en Barcelona. Respecto a otros asuntos, como concurso de acreedores, todavía no se ha producido un incremento “significativo”, aunque si han subido, pero no excesivo, los casos de personas que no pueden pagar sus deudas, asegura el juez mercantil de Barcelona, Raúl García. El ritmo de señalamiento de juicios se está manteniendo (tres o cuatro meses), “pero todo apunta a una avalancha de procesos concursales” en un futuro, recalca. En 2019 recibieron unos 3.000 asuntos por juzgado, cuando deberían tramitar 350. Sin embargo, el principal escollo al que se enfrenta es a esa bolsa de demanda por retraso de vuelos, anulaciones o pérdida de maleta, reclamaciones, la mayoría, de 250 a 600 euros. Para solucionarlo, han planteado la creación de un servicio común para tramitar y aislar estos pleitos. Este magistrado considera que sería necesario un filtro previo de mediación.

En los juzgados de familia, en cambio, la situación no es diferente, pues se ha reducido en 2020 un 20% de asuntos, sobre todos divorcios, respecto al año anterior, según la jueza Regina Selva. Esta cifra coincide con el número de demandas que en los dos meses y medio de estado de alarma no se pudieron poner. Como consecuencia de esta situación y las restricciones de señalamientos, se ha producido un descenso de un 27% de resoluciones y un aumento del 15% más de casos pendientes. “Si no fuera por la pandemia estaríamos con unos números parecidos al 2020”, insiste. Tampoco ha habido un aluvión de modificaciones de pensiones alimenticias, como se preveía. Aun así, están en el límite, recalca.

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