La pandemia deja a las personas con discapacidad intelectual en el olvido

"Terrible". Con esta palabra describe Montse Arús, madre de Pol Otero, el último año de su vida. Pol tiene 22 años y una parálisis cerebral que le repercute con una discapacidad del 99%. El covid le dejó sin la terapia ocupacional, sin los sábados de piscina, sin los cuidadores que le hacían una vida más fácil en casa y sin los paseos por la tarde. Sus padres que tuvieron que ser sus ojos, sus manos y sus pies a la vez que no dejaron de trabajar. "La pandemia nos ha hecho retroceder en décadas en los derechos a las personas con discapacidad", resume Carles Campuzano, director de la federación Dincat. Un informe hecho por la entidad y la fundación La Caixa cifra en casi 10 millones la factura que el Govern debe a las entidades que atienden a todas estas personas. Esta es una de las pocas cifras que muestra el agravio sufrido.

Nadie sabe con exactitud cuántas personas con discapacidad han fallecido a raíz de la pandemia. Dincat, que suma más de 200 entidades que atienden personas con discapacidad intelectual, cuenta que han fallecido 89 usuarios y un cuidador. Las cifras de infectados desde octubre superan los 3.000. "Pasamos mucho miedo. Nos encerramos a cal y canto", cuenta Arús. La familia temió que Pol se infectara y que si llegaba a una uci no pudieran estar con él. El protocolo de esfuerzo terapéutico de la 'consellería' hizo mucho daño al sector. Tampoco sabían cómo podría reaccionar su hijo al verse encerrado en una cama sin poder hablar con nadie y sin entender qué ocurriía.

Discriminación sanitaria

"Realmente la realidad de las personas con discapacidad se tuvo muy poco en cuenta en los primeros meses de encierro", señala Campuzano. Fue a raíz de los primeros casos hospitalizados cuando la entidad mandó protocolos e informaciones de cómo los médicos debían tratar y explicar la situación a las personas con discapacidad intelectual. "Estas personas suelen tener mayores afectaciones respiratorias. El hecho de priorizar pacientes mostró que una vez más no se tenía en cuenta nuestra realidad", expone. El informe habla abiertamente de "discriminación sanitaria" y reprocha que en algunas residencias se negó a las personas con discapacidad contagiadas su ingreso hospitalario.

La mayoría de los afectados sufrieron doblemente la pandemia. En el caso de Montse Arús y su marido Carlos Otero, cada día va a su casa una trabajadora de sistema de atención domiciliaria que ayuda a Pol a levantarse, asearse e ir hasta el autobús que le lleva hasta el Guinardó, donde está el centro ocupacional. Allí pasa todo el día, hasta que vuelve a casa. Y entonces es una trabajadora que contrata la familia, por 500 euros al mes, quien ayuda al joven hasta que los padres regresan del trabajo. "Con la pandemia no vino nadie. No podía venir ni mi madre. Y nosotros no podíamos dejar de trabajar", explica la madre.

Dolencias afligidas

A Pol le encanta estar bien informado. Sigue con fervor la radio y los noticiaros. De hecho, le gustan tanto que cuando emula ser el presentador del 'Telenotícies' su pronuncia es casi perfecta. "Se empezó a obsesionar con las noticias, con las comparecencias de Pablo Simón. Y el hecho de no poder salir a la calle le pasó una factura psicológica y física brutal", señala Arús. El joven sufrió brotes psicóticos, a raíz de la angustia y su patología lumbar de escoliosis se ha agravado hasta el punto que deberá de ser operado en el Vall d'Hebrón. Montse aún recuerda como trataba de hacer los ejercicios de rehabilitación que necesita su hijo cuando el fisioterapeuta del centro no podía atenderle. "No se ha tenido en cuenta los derechos y necesidades de socialización de las personas con discapacidad. Muchos de ellas solo pueden ver e interactuar con otras personas cuando van al centro de día, al centro ocupacional... nadie ha pensado en estas realidades y muchos casos se han agrabado seriamente", se queja Campuzano.

Con la desescalada, los centros de terapia ocupacional pudieron reabrir. Pero tuvieron que comprar más material de protección del virus, entre otros gastos. Dincat calcula que la deuda acumulada de las entidades asciende a los 10 millones de euros. "Es un dinero que deben afrontar las administraciones, porque estamos hablando de servicios públicos", entiende Campuzano. "Necesitamos un plan de choque, un apoyo económico para que el sector deje de estar en situación crítica", pide Campuzano.

Otro problema que aún hoy sigue ocurriendo es con las normas y los protocolos de reapertura. "No se tiene en cuenta su realidad, y constantemente tenemos que sentarnos con el Govern para pedirles una adaptación específica", señala el director. Ocurrió con la reapertura de las residencias o los protocolos de visitas. "Al fin, la pandemia nos ha llevado muchos años atrás en la lucha contra la inclusión. Y ahora más que nunca se tienen que respetar sus derechos y necesidades", subraya Campuzano.

Suscríbete para seguir leyendo