AUDIENCIA DE BARCELONA

La fiscalía reclama el ingreso en prisión de 'La Manada de Manresa'

Dos de los cinco condenados por el abuso sexual a una menor huyeron tras el juicio

Los miembros de 'la Manada' de Manresa llegan a Audiencia de Barcelona, en una foto de archivo.

Los miembros de 'la Manada' de Manresa llegan a Audiencia de Barcelona, en una foto de archivo.

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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La fiscalía ha reclamado este martes a la Audiencia de Barcelona que ordene el ingreso en prisión de tres miembros de 'La Manada de Manresa' condenados a penas entre 10 y 12 años de cárcel por abusar sexualmente en el 2016 por turnos de una menor. La acusación pública ha solicitado el encarcelamiento por el riesgo de fuga de los imputados, ya que dos componentes del grupo se encuentra huidos desde diciembre del 2019. Los jueces tardaron entonces 47 días en dictar la búsqueda y captura.

La fiscala ha argumentado también en su informe a la abultada pena de privación de libertad impuesta, que fue confirmada el pasado febrero por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)- Sin embargo, la sentencia no es firme, pues los acusados han recurrido al Tribunal Supremo. La fiscalía, en cambio, no lo ha hecho, a pesar de que defendía que no era abuso sino agresión sexual

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre del 2016 en una fiesta de Halloween celebrada en una fábrica abandonada de la capital del Bages, situada en una zona aislada cerca del campus de la zona universitaria. Uno de los acusados, que conocía a la víctima, se la llevó a un lugar apartado, la violó y después animó a otros a hacerlo por turnos.

Polémico proceso judicial

El juicio estuvo marcado por la polémica. En su calificación provisional, la fiscalía acusaba de un delito de abusos sexuales, pero durante la vista celebrada en la Audiencia de Barcelona elevó su imputación a agresión sexual por la intimidación que ejercieron, a su entender, los acusados respecto a la víctima. El tribunal no aceptó esta tesis y solo condenó por abusos, lo que provocó la protesta de las organizaciones feministas.

La fiscalía, la acusación particular y la defensa, por distintos motivos, recurrieron ante el TSJC que, el mes pasado febrero, confirmó la resolución, al entender que no está probada la "intimidación ambiental" que permitiría calificarlo de agresión sexual. El alto tribunal catalán solo aceptó aumentar de 12.000 a 60.000 euros la indemnización para la víctima, teniendo en cuenta la "gravedad del ataque a la indemnidad sexual que sufrió" que en la primera sentencia se califica de "extremadamente intenso y especialmente denigrante".

Los magistrados subrayaban en esta resolución que no ofrecía "duda alguna" de que el tribunal que juzgó el caso consideró que "la única circunstancia que determinó la anulación de la voluntad" de la víctima es que se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, más allá de que tenía 14 años, "que convierte un eventual consentimiento en irrelevante".