Alquiler social

Baleares inicia la expropiación de 56 pisos a bancos y fondos buitre

  • «Es un paso importante que nos permite sacar pisos cerrados del mercado especulativo y devolverles su función social», según Josep Marí

El conseller de Vivienda, Josep Marí, y el director general, Eduardo Robsy.

El conseller de Vivienda, Josep Marí, y el director general, Eduardo Robsy. / CAIB

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Jaume Bauzà

El Govern balear inició el martes el proceso administrativo para expropiar temporalmente 56 viviendas de bancos y fondos buitre con el objetivo de ofrecerlas en alquiler social. Es una iniciativa sin precedentes en España, aunque queda un largo recorrido hasta que se produzca la ocupación efectiva de esos inmuebles por familias en situación de exclusión social.

«Es un paso importante que nos permite sacar pisos cerrados del mercado especulativo y devolverles su función social», indicó Josep Marí, recién estrenado en el cargo de conseller de Vivienda y Movilidad después de la remodelación del Govern llevada a cabo por Francina Armengol. Casi la mitad es estos inmuebles, 27, están en Mallorca: once en Palma, otros once en Inca, dos en Llucmajor, dos en Manacor y uno en Calvià.

Marí estampó su firma en la resolución para expropiar este primer paquete de pisos que figuran en el Registro de grandes tenedores del Govern, un listado que incluye unos 800 inmuebles. La iniciativa, por tanto, tiene de momento un alcance muy limitado, solo el 7% de los inmuebles identificados por la conselleria de Vivienda. Y un calendario que, en el mejor de los casos, prevé que las primera familias puedan acceder a esos alquileres sociales a finales de verano. Eso, si el propietario de los inmuebles no acude a la justicia ordinaria para recuperarlos.

El procedimiento para habitar los pisos no estará concluido hasta el final del verano, en el mejor de los casos

«Puede haber una cierta litigiosidad, pero estamos tranquilos en cuanto a nuestra capacidad normativa si hay discrepancias. Y en todo caso no será por el concepto, sino por el importe, por lo que no tendrían que afectar a la validez de los contratos», aseguró Eduardo Robsy, director general de Vivienda, al tiempo que indicó que, sobre el papel, un recurso judicial no detendría el proceso.

La expropiación será de siete años, el plazo mínimo establecido para un contrato de alquiler, y el Govern «compensará» a los propietarios de los 56 pisos con un único pago de 1,8 millones de euros, lo que equivaldría a abonarles un alquiler de 391 euros al mes de media. Es una cifra por debajo de un alquiler convencional, que en las islas asciende a 624 euros de media, según datos del Ministerio de Fomento.

Los beneficiarios, que abonarán una pequeña mensualidad, saldrán de la lista de espera del IBAVI, que supera las cuatro mil personas. Será esta entidad la que gestionará directamente los arrendamientos.

Vivienda considera gran tenedor a quien tiene más de diez inmuebles sin haber hecho ningún uso de ellos en al menos dos años. Los afectados por esta primera expropiación tendrán un plazo para presentar alegaciones. El proceso administrativo terminará con la luz verde del Consell de Govern, pero quedará la vía judicial.

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En todo caso, tal como indicaron Marí y Robsy, los pisos no están en condiciones para ser habitados de inmediato. Según sus cálculos, será necesaria una cifra cercana a los 400.000 euros para acondicionarlos a la que harán frente los propietarios. En caso de negarse, el dinero lo adelantará Vivienda y después se lo descontará de la compensación.

Las claves

1-Una compensación de 1,8 millones de euros

El Govern compensará a los propietarios de los 56 pisos con 1,8 millones de euros. En la práctica, supondría un alquiler mensual de 391 euros, muy por debajo del mercado.


2-Medida pionera, pero de alcance limitado

Los 56 pisos elegidos, 27 en Mallorca, representan solo el 7% de los que figuran en el Registro. Los gestionará el IBAVI, cuya lista de espera supera las cuatro mil personas. No está previsto expropiar más pisos a medio plazo.


3-Un proceso que puede encallar en los juzgados

Los propietarios afectados pueden presentar alegaciones ante la administración y, en caso de no fructificar, acudir a la justicia ordinaria para tumbar la expropiación.


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