Disputa en la Comunidad Valenciana

Varias familias se enfrentan por okupar el piso de un muerto con el cadáver aún dentro en Alicante

  • La Policía Nacional interviene para separar a un grupo de personas que discutían entre empujones por entrar en una vivienda donde el inquilino llevaba días muerto

Un agente de la Policía Nacional custodia la finca donde querían entrar familias okupas. PILAR CORTÉS

Un agente de la Policía Nacional custodia la finca donde querían entrar familias okupas. PILAR CORTÉS / PILAR CORTÉS

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J. Hernández

A empujones por hacerse con una vivienda donde estaba todavía el cadáver del inquilino, que llevaba al menos 10 días muerto cuando la Policía Nacional y los Bomberos lo encontraron tras abrir la puerta. Es lo que ocurrió ayer en un edificio de viviendas sociales de la avenida Catedrático Soler, en el barrio Miguel Hernández de Alicante, donde los agentes tuvieron que separar a dos familias que discutían entre empujones por okupar el piso. Dos policías se vieron obligados a custodiar el inmueble hasta que la Generalitat, que gestiona el bloque de viviendas sociales, encargó una puerta blindada para impedir la ocupación ilegal. Las familias que se disputaban el piso a punto estuvieron de llegar a las manos, según testigos, y una de ellas esgrimió el certificado de empadronamiento de la abuela de una de las personas que pugnaba por la casa reclamando el derecho a hacerse con ella.

Pese a que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) afirma que la ocupación ilegal es recurrente en el parque de viviendas sociales que gestiona, 14.000 en toda la Comunidad y medio millar en el barrio Miguel Hernández de Alicante, lo de ayer fue extremo, en palabras de su director general, Alberto Aznar, al tanto de lo ocurrido tanto por los vecinos como por la Policía. «Se ve que cuando ha llegado la ambulancia y se ha conocido que una persona había fallecido y la vivienda podía quedar vacía, ha habido personas merodeando y se han puesto a buitrear. Intentamos ser lo más diligentes que podemos, pero llega un momento en que, aunque tabiquemos o pongamos puertas blindadas (en las viviendas que se quedan vacías), lo revientan y entran».

Aznar se refirió a un episodio reciente en el barrio de Los Palmerales de Elche, donde instalaron en un piso una puerta antivandálica presupuestada en más de 1.000 euros «y a los dos días estaba tirada». Ayer, la entidad avisó en cuanto tuvo conocimiento de la muerte del inquilino tanto a la Policía como a una empresa de puertas blindadas, señaló el representante de la entidad autonómica de vivienda pública.

Según confirmaron fuentes policiales, el inquilino del piso, de unos 70 años de edad, falleció hace unos 10 días y mientras se procedía al traslado del cadáver se produjo una disputa en el exterior por el piso entre varias familias. «Se estaban peleando, empujándose, aunque no se han llegado a agredir, para okupar el piso. Se ha custodiado hasta que llegó un inspector de la Entidad de Vivienda y se ha hecho cargo», explicaron con posterioridad. Los testigos recriminaron esta actitud dado que incluso en el piso había malos olores por los días que llevaba el hombre muerto en la casa.

Las mismas fuentes explicaron que el fallecido tenía parientes, de hecho se personaron en el domicilio tras ser avisados, pero hacía vida en solitario y era habitual que pasaran días sin que hablara con los suyos. Fueron los vecinos los que avisaron a la Policía y los Bomberos tras ver que salía agua por debajo de la puerta de la vivienda, un bajo, y que no contestaba a las llamadas que realizaban a la misma. Para acceder al piso, todos los efectivos, tanto los de seguridad como los de la entidad de Vivienda, tomaron las medidas anticovid y utilizaron trajes de protección individual aunque se desconoce la causa del fallecimiento.

El director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo apuntó que el procedimiento pasa por reparar el piso que se ha quedado vacío y adjudicárselo a una familia que cumpla los requisitos y los criterios de baremación en cuanto a las necesidades sociales de familias en situación de vulnerabilidad. Si mientras tanto es ocupado, porque los trámites pueden demorarse unos tres meses hasta que se regulariza la situación, se procederá, dijo, a desocuparlo.

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Varios vecinos consultados tras lo ocurrido destacaron que viven con pánico este tipo de situaciones cada vez más frecuentes, de personas «que entran con la patada y se sortean los pisos». El inquilino de un inmueble próximo al de los hechos señaló que en su bloque hay doce pisos y que «hay cinco legales y el resto ilegales». El presidente de la Asociación de Vecinos Sol d’Alacant, Lisardo Gabarre, rechazó este tipo de conflictos en el barrio y recordó que existe un programa que se desarrolla desde 2015 con la Generalitat para regularizar a familias que cumplan los requisitos.

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