El CGPJ cuestiona la definición de consentimiento de la 'ley sí es sí'

  • La ponencia sobre la norma que estudiará el pleno del Poder Judicial el 25 de febrero considera que el anteproyecto legal puede comportar una inversión en la carga de la prueba

Concentración frente al Tribunal Supremo tras conocerse la primera sentencia de ’La manada’, en 2019.

Concentración frente al Tribunal Supremo tras conocerse la primera sentencia de ’La manada’, en 2019. / David Castro

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

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El pleno del CGPJ estudiará el día 25 de febrero el anteproyecto de ley orgánica de garantía de la libertad sexual, más conocida como 'ley sí es sí', pero la ponencia que ha sido repartida este viernes a todos los vocales para que hagan sus observaciones cuestiona ya dicha norma. El anteproyecto fue impulsado por el Ministerio de Igualdad en vísperas del pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, con el fin de acabar con la distinción entre abuso y violación y llevar el "solo sí es sí", coreado en las protestas tras la primera sentencia de 'La manada', al Código Penal.

La ponencia elaborada por los vocales Roser Bach, es magistrada de la Sección de Apelación Penal del TSJ de Cataluña; Juan Manuel Fernández, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; y Pilar Sepúlveda, abogada y fundadora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales considera que el actual Código Penal ya se "asienta" sobre la idea de consentimiento para decidir si un acto sexual es delito o no. Pero, al introducir en el anteproyecto una definición de consentimiento expresa deberá de ser probado por parte de la defensa que "no existió una manifestación de voluntad expresa de participar en el acto", con lo que, según los ponentes, "se altera de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia".

Asimismo, la ponencia añade que la incorporación de una definición de consentimiento no logrará evitar la victimización secundaria, pues hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual.

La fusión de delitos

Por otro lado, los vocales opinan que la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual podría tener "un efecto de desprotección de la víctima" pues para el agresor "no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de menor intensidad". Pero también se incurre en el riesgo, según el primer estudio realizado por el CGPJ, "de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad".

El anteproyecto contempla además la especialización tanto de órganos judiciales como de sus titulares en materia de violencias sexuales, pero los ponentes creen que no queda claro si esa futura especialización prevé la creación de órganos jurisdiccionales específicos que abordarían de forma exclusiva y excluyente los delitos de violencia sexual o si se opta por una revisión de las competencias actuales de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para incluir los delitos contra la libertad sexual. Además, piden que se plantee el establecimiento de órganos especializados en crímenes sexuales contra menores.

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Aval del Consejo Fiscal

La norma ha sido ha recibido ya el visto bueno del Consejo Fiscal, si bien este órgano también ha propuesto cambios en la redacción del consentimiento. Asimismo, la ley tiene que pasar por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros en segunda vuelta, por lo que es difícil que pueda ser remitida a las Cortes antes del 8 de marzo, como preveía el Ministerio de Igualdad.