Antifrau investiga vacunaciones irregulares de cargos públicos y reclama sanciones

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) está investigando vacunaciones irregulares de cargos públicos contra el coronavirus y reclama sanciones administrativas o penales para que este tipo de actuaciones no queden impunes, aseguró este martes el director de dicho organismo, Miguel Ángel Gimeno. Esta entidad ha remitido al Gobierno catalán un escrito de recomendaciones en el que pide la "fijación de una reglas de juego claras y transparentes" y la "concreción" de los protocolos de actuación del personal sanitario que suministra la vacuna para evitar que dispensen el fármaco a personas que no le corresponde.

La OAC ha recibido tres denuncias por la vacunación irregular y ha empezado a investigar. "Son bienes que se están comprando con dinero público", especificó. En el documento remitido a la Generalitat, Antifrau subraya que las "transgresiones no han de quedar sin respuesta proporcionada a la gravedad de la infracción previamente prevista en la ley", pues de otra manera "se puede generar una percepción de impunidad que contribuye a perpetuar el riesgo que se pretende evitar".

Otra cuestión es si se debe o no suministrar la segunda dosis a las personas que se han puesto la primera de forma fraudulenta. La OAC considera que esta decisión es "preferible" vincularla al criterio médico "más de acuerdo con la salud colectiva", aunque evitando, en la manera de lo posible, "generar la percepción que quien ha actuado incorrectamente acaba siendo premiado".

Mecanismo "claro" de actuación

En este sentido, Antifrau apuesta por fijar un mecanismo "claro" y "transparente" de actuación, unos protocolos que deben tener presentes los principales valores de la ética pública: equidad, para mitigar las desigualdades; respeto, cualquier persona más allá de su posición social merece un trato optimo en el acceso de los servicios públicos, y disponibilidad, prioridad en vacunar al personal sanitario y las personas vulnerables.

Al entender de la OAC, el fraude en la vacunación solo puede ser evitado de "forma efectiva" mediante un segundo nivel de concreción de los protocolos generales. Es decir, que se detalle como deben actuar el personal sanitario a la hora de dispensar la vacuna y que prevengan una respuesta hacia las personas que pretenden acceder de forma irregular. Una acción que ha sido calificada por el director de Antifrau como de "corrupción", ya que se antepone el interés al general. Permitir estas acciones supone, precisó, "más alarma social, desprestigio de las instituciones y desconfianza en la ciudadanía". "Hace falta mecanismos y pautas detalladas que regulen la administración de las vacunas", subrayó. Según Gimeno, "esta situación no se debe dejar a una decisión personal".